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La próxima semana será cuando el Ejecutivo ingrese la denominada ley miscelánea, o Plan de Reconstrucción Nacional, y dé inicio a una disputa política que promete marcar el rumbo del primer tiempo del gobierno de José Antonio Kast.

Así, aunque aún hay aspectos por definir, en La Moneda existe plena conciencia de que este proyecto no es uno más: es la madre de todas las batallas.

Una iniciativa que, además, tiene plazo acotado, ya que se busca despacharla a más tardar en septiembre.

En ese escenario, el primer frente que el gobierno busca consolidar es el propio: ordenar al oficialismo es una condición indispensable para avanzar.

Y es que hoy el Ejecutivo cuenta con 68 votos en la Cámara. No es un número menor, pero tampoco suficiente para asegurar un triunfo contundente.

Y en una discusión de esta envergadura, la diferencia entre aprobar y legitimar políticamente el proyecto puede estar en unos pocos respaldos más. Por eso, la instrucción es clara: alinear y salir a defender.

Desde el oficialismo ya se despliega una narrativa común. La jefa de bancada de la UDI, la diputada Flor Weisse, puso el acento en el corazón del mensaje: responder a una de las principales urgencias del país, la crisis económica, emplazando de paso a la oposición a debatir con seriedad.

En la misma línea, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, llamó a la oposición a no apresurarse en sacar conclusiones y a esperar conocer en detalle la propuesta una vez que ingrese al Congreso Nacional.

Pero ninguna batalla se gana solo con las filas propias. El siguiente movimiento de La Moneda apunta al Partido de la Gente, un actor clave en el inestable equilibrio de la Cámara Baja. Aquí ya actuaron los llamados “contrapesos políticos” de Palacio: el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el titular de la Segpres, José García Ruminot.

Alvarado se reunió con el jefe de bancada, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, mientras que García hizo lo propio con el diputado Javier Olivares.

Todo esto en un contexto adverso, luego de que Franco Parisi adelantara una primera negativa de su partido, argumentando que el proyecto deja de lado a la clase media.

Sin embargo, no todo está cerrado. Olivares abrió una puerta, mostrando disposición al diálogo con el Ejecutivo.

En contraste, desde la oposición el tono es distinto y las posiciones mucho más rígidas. Algunos sectores ya evalúan recurrir al Tribunal Constitucional, argumentando que el carácter misceláneo del proyecto lo haría inconstitucional.

Este jueves, 37 militantes del PPD hicieron pública una carta en la que proponen 16 medidas para que el Presidente José Antonio Kast reoriente el plan. El diagnóstico es severo. Lo califican como “anacrónico”, anclado en una lógica de Guerra Fría y desconectado de la realidad actual.

En esa línea, el secretario general del partido, José Toro, planteó una condición concreta: separar los aspectos tributarios del proyecto como única vía para destrabar la negativa.

Desde el Partido Comunista, en tanto, la crítica escaló. La secretaria de la colectividad, Bárbara Figueroa, acusó derechamente un intento de chantaje por el relato que ha desplegado el gobierno, defendiendo la autonomía de los parlamentarios de oposición para fijar sus propias posiciones.

Así las cosas, el escenario queda delineado como una disputa en múltiples frentes: un oficialismo que busca ordenarse y convencer; un PDG que mantiene la incógnita (esperando recibir algún gesto); y una oposición que, en parte, ya se prepara para dar la pelea en todas las instancias posibles.

Lo que está en juego no es solo un proyecto de ley; es para el Ejecutivo la posibilidad de demostrar que tiene la fuerza política para empujar su agenda. Y para el Congreso, una señal clara de hasta dónde están dispuestos a llegar en esta nueva correlación de fuerzas.