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Durante esta semana, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago escuchará la segunda formalización en el marco de la trama bielorrusa.

En específico, este miércoles será el turno del conservador de Bienes Raíces de San Miguel, Sergio Yáber, al conservador de Chillán, Yamil Najle, y a Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio.

A todos ellos se les imputará por, al menos, el delito de lavado de activos, en calidad de partícipes de un esquema mediante el cual Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, habría buscado reingresar al sistema bancario formal dineros de origen ilícito.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, confirmó que ese delito será comunicado en la audiencia, aunque adelantó que la formalización incluirá otros hechos adicionales que forman parte de la investigación.

En el caso de Sergio Yáber, la Fiscalía sostiene que habría recibido y reenviado montos vinculados a la ruta del dinero investigada, situándolo en el centro de la maniobra de lavado asociada a Migueles y la exministra Vivanco.

Por estos antecedentes, el conservador enfrenta, además, un sumario administrativo instruido por la Corte de Apelaciones de San Miguel, instancia que recientemente resolvió formular cargos en su contra, según confirmó el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.

Por su parte, Yamil Najle, conservador de Bienes Raíces de Chillán, también fue identificado en las pesquisas por transferencias que la Fiscalía atribuye a posibles pagos vinculados a Migueles.

En medio de ese contexto, ha sido objeto de allanamientos, interrogatorios y una suspensión administrativa, mientras se indaga si su conducta pudo constituir sobornos u otros ilícitos.

Asimismo, Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio, habría cumplido un rol clave en la canalización y conversión de dinero de origen ilícito, facilitando su reingreso al sistema financiero formal mediante operaciones cambiarias, lo que lo posiciona como uno de los eslabones operativos del presunto esquema de lavado de activos.