La investigación al pleno de la Corte Suprema, luego que el máximo tribunal rechazara remover al ministro de la Corte Suprema, Antonio Ulloa, ha dejado múltiples reacciones políticas, donde algunos apuntan a un posible delito.
De hecho, el Ministerio Público indaga un presunto tráfico de influencias para convencer al supremo Arturo Prado de votar en favor del ministro Ulloa.
Todo esto, mientras en el Congreso avanza la acusación constitucional contra el cuestionado magistrado por sus chats con Luis Hermosilla.
Investigación a votación en fallida remoción de juez Ulloa
Una escucha telefónica realizada en la investigación por cohecho contra la exministra Ángela Vivanco reveló posibles gestiones para influir en el voto del ministro Arturo Prado, quien el 30 de septiembre rechazó la remoción del juez Antonio Ulloa.
El hecho encendió las alarmas en el Ministerio Público, que ya derivó los antecedentes a la Fiscalía Regional de Valparaíso. Un documento, hoy en manos de la fiscal Claudia Perivancich, que contiene la transcripción telefónica en el que uno de los “blancos de interés” aborda las supuestas gestiones encargadas para evitar la remoción de Ulloa.
La conversación fue interceptada tras los allanamientos a las oficinas de los Conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán. En estas, se da cuenta de supuestas gestiones desde el entorno de Vivanco para “convencer” al supremo Arturo Prado de pronunciarse en contra de remover a Ulloa del Poder Judicial.
Recordemos que, aunque Prado votó a favor de abrir un cuaderno de remoción contra Ulloa en la primera instancia, cambió su postura en la votación definitiva y fue uno de los siete ministros que rechazó su salida del Poder Judicial, el pasado 30 de septiembre.
En esa oportunidad, la votación del máximo tribunal quedó empatada 7 a 7, lo que impidió su destitución y le permitió mantener su cargo en el Poder Judicial.
Una decisión que la Fiscalía sospecha que pudo estar influenciada.
El propio ministro Prado, mediante un comunicado, se defendió y afirmó que nadie lo llamó para influenciar su postura, destacando que la razón por la que rechazó la remoción del ministro Ulloa obedece a que los elementos allegados en la audiencia no cumplían el estándar probatorio requerido.
Se enciende la alerta en el Congreso
Estos antecedentes que levantaron las alertas en el Congreso, en donde se tramita la acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa.
En este sentido, el diputado e integrante del comité legislativo encargado de revisar esta acusación, Daniel Manouchehri (PS), sostuvo que esta presunta acción que investiga la fiscalía “huele a tráfico de influencias” y, además, se preguntó si esta misma práctica ha permeado al Poder Legislativo.
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Por su parte, el diputado del Partido Republicano y también parte del comité legislativo fiscalizador, Juan Carlos Mesa, advirtió que esta nueva información dificulta aún más la posición del juez Ulloa de cara a la votación de su libelo acusatorio en el pleno de la Cámara.
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En esa línea, el senador Iván Flores (DC) deslizó que los ministros de la Corte Suprema “no son blancas palomas”.
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En tanto, desde el máximo tribunal, la ministra María Soledad Melo afirmó que si bien la destitución por parte del tribunal ya está zanjada, no se descarta abrir una nueva investigación ante nuevos antecedentes.
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Una indagatoria por parte del Ministerio Público que se da en paralelo a la arremetida política en el Congreso, la que fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra por la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
Entre quienes respaldaron la acusación figuran Alejandra Placencia (PC), Frank Sauerbaum (RN) y José Carlos Meza (Partido Republicano). En tanto, Gustavo Benavente y Hotuiti Teao, ambos de la bancada UDI, optaron por abstenerse.
En este sentido, la diputada Placencia puso en duda la decisión de ambos parlamentarios del gremialismo y advirtió que los nombramientos “a dedo” dentro de este órgano atentan contra la independencia del Poder Judicial.
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En la vereda contraria, el diputado de la UDI y quien votó en contra del avance del libelo, Gustavo Benavente, explicó que las razones para rechazar la arremetida política es que no existen pruebas de suficiente peso para fundar la existencia de irregularidades.
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Así, con la aprobación en comisión, la acusación pasará ahora a ser debatida y votada hoy por el pleno de la Cámara de Diputados.
En caso de ser aprobada, continuará su trámite en el Senado, en donde los legisladores de la Cámara Alta actuarán como jurado para resolver el futuro del cuestionado magistrado.