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Una nueva polémica se ha registrado y mantiene a diversas autoridades locales en disputa con un candidato a la presidencia boliviana.

Se trata de Rodrigo Paz, político que aspira a ser mandatario de Bolivia, quien, durante su campaña, propuso legalizar en su país los denominados “autos chutos”, vehículos de dudosa procedencia que son llevados hasta territorio boliviano para revenderse de manera ilícita. Es decir, son autos robados y, muchos de ellos, en territorio chileno.

De acuerdo con las estadísticas más recientes de la empresa Econorent, que son del año 2023, más de 6 mil autos robados en Chile el 2022, circulaban en las calles del país altiplánico. Eso es el 15% de lo robado en aquella época, pero se piensa que son muchos más.

La propuesta de Paz busca generar una especie de transición hacia una política más ordenada y accesible de importación vehicular en su país. El objetivo es ordenar la casa, ya que en Bolivia hay más de 250 mil autos denominados “chutos” y, para este propósito, propuso una “nacionalización” con plazos definidos para estos automóviles de dudosa procedencia.

El fin de esto sería eliminar la corrupción en los controles y evitar extorsiones a los propietarios de estos autos.

Sin embargo, la medida incluye, de igual manera, una reforma arancelaria que supone bajar los impuestos a la importación de vehículos legales por debajo del 10%, con el objetivo de equiparar el precio entre autos nuevos legalmente importados y los autos ilegales.

Por otra parte, Rodrigo Paz fue entrevistado en Radio Marítima Digital de Bolivia y tuvo fuertes declaraciones en contra de Carabineros, indicando que son incompetentes porque no pueden proteger su frontera e, incluso, cuestionando que sean ellos participes de los robos de automóviles en Chile, para después ponerlos a la venta, en colaboración con mafias bolivianas.

Se activan las alarmas en Chile por autos robados que cruzan a Bolivia

El ejecutivo ha sido muy crítico de este tema, puesto que se ha trabajado para erradicar este tipo de delitos transnacionales.

De hecho, fue durante este gobierno que el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, firmó en La Paz dos acuerdos para luchar contra la trata y tráfico de personas y contra el robo de vehículos.

En ese sentido, en entrevista con T13 Radio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que las declaraciones de Paz son un “incentivo para que se sigan cometiendo delitos y contrabando”, palabras que fueron secundadas por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien recalcó la fuerte lucha en contra del crimen organizado y los delitos transnacionales de Chile.

En la misma línea que Ramos, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, desestimó darle mérito a las palabras del candidato boliviano y reafirmó su compromiso con el trabajo en conjunto para evitar este tipo de delitos en la frontera.

En tanto, en el Congreso, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), calificó las declaraciones como un insulto grave y pidió al Ejecutivo enviar una nota diplomática por medio de Cancillería exigiendo explicaciones a Bolivia.

En sus palabras, Ossandón pidió a Paz tener más respeto con Carabineros, ya que no tiene pruebas de sus dichos.

Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC) también rechazó la propuesta del candidato boliviano, calificándola como “una mala idea” que solo incentivará a la existencia de bandas criminales.

Por su parte, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) exigió a La Moneda pronunciarse con firmeza. También lo hizo su par de Renovación Nacional, José Miguel Castro, quien pidió a cancillería a reaccionar y golpear la mesa, pues no se puede avalar ningún tipo de delitos.

Asimismo, el diputado Luis Malla (PL) recalcó que la propuesta atenta contra el derecho internacional.

Finalmente, Henry Leal (UDI) apuntó que es preocupante que una persona que pretende ser presidente quiera legalizar el robo, por lo que igualmente pidió al canciller Alberto Van Klaveren que se pronuncie ante esta situación.

Así, esta propuesta de legalizar los autos “chutos” ha encendido alarmas en Chile, generando polémica por considerarse una legalización a una actividad ilícita y que propone fomentar el crimen organizado.