A una semana de la liberación de sicario: siguen dardos cruzados entre Gendarmería y Poder Judicial

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Han pasado ocho días desde que Osmar Ferrer Ramírez, imputado por homicidio calificado y sindicado como un sicario vinculado al crimen organizado en el barrio Meiggs, salió en libertad desde el penal Santiago 1 por orden judicial. En medio de este escenario, siguen las recriminaciones cruzadas entre Gendarmería y el Poder Judicial.

Se trata de una excarcelación rodeada de irregularidades, contradicciones administrativas y tensiones institucionales que todavía no se aclaran del todo.

Y es que lo que comenzó como un aparente error de tramitación judicial, hoy es objeto de una amplia investigación penal, administrativa y tecnológica.

Lo anterior, porque Ferrer, lejos de salir solo y confundido, fue recibido a las afueras del penal por al menos dos personas, cuyas identidades aún no han sido confirmadas, pero que son parte del foco actual de la indagatoria.

Este jueves, el fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, encabezó una extensa y reservada reunión con su equipo multidisciplinario, conformado por los fiscales Sergio Soto y Tania Mora, un analista criminal y un abogado asesor, además de representantes de la Policía de Investigaciones (PDI), en particular del equipo contra el Crimen Organizado

Según trascendió, en la reunión se definieron nuevas diligencias investigativas, como la incautación de teléfonos celulares y cámaras de vigilancia, además de la toma de declaraciones a funcionarios del Poder Judicial y Gendarmería. Todo para determinar con claridad cómo fue posible que Ferrer quedara libre, pese a que existía una orden vigente de ingreso a prisión preventiva.

De esta manera, un elemento clave que ha tomado fuerza en los últimos días es la presencia de acompañantes al momento en que Ferrer abandonó el penal. Las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos esperándolo fuera del recinto.

Ante esta situación, la Fiscalía ahora intenta determinar si esos individuos formaban parte de una red de apoyo o si actuaron por instrucciones internas, lo que podría abrir la puerta a una eventual filtración desde el interior del sistema judicial o penitenciario.

Este punto es particularmente sensible, ya que podría marcar la diferencia entre un error humano y un acto premeditado, con implicancias mucho más graves.

El persecutor occidente, Marcos Pasten, dio algunos detalles, bastante escuetos, a la salida de la fiscalía. “Una reunión bastante fructífera (…) Esperamos unos informes que están pendientes”, dijo.

En la reunión también participó la PDI. Por tanto, La Radio conversó con el prefecto Mauricio Jorquera, Jefe Nacional Contra el Crimen Organizado, quien confirmó que esta no será una instancia aislada. Al contrario, adelantó que se vienen más reuniones de coordinación para seguir profundizando en los antecedentes del caso y esclarecer cómo se produjo la polémica liberación de Osmar Ferrer.

Dardos cruzados entre Gendarmería y Poder Judicial por liberación de sicario

En paralelo, se ha producido un cruce público de recriminaciones entre Gendarmería de Chile y el Poder Judicial.

Por ejemplo, el director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, sostuvo que su institución simplemente ejecutó una orden judicial recibida por los canales formales. Además, negó categóricamente que hubiera habido hackeos o falsificación de documentos y afirmó que la orden que se alega como “rectificadora” era, en realidad, una reiteración de la misma instrucción de ingreso, pero sin valor nuevo.

De esta manera, desde la institución carcelaria insisten en que no tenían base legal para mantener al imputado privado de libertad.

También, aseguran que han colaborado activamente con la Fiscalía y que entregaron toda la documentación
solicitada.

Sin embargo, desde el Poder Judicial llegó una dura respuesta. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados emitió un comunicado en defensa de la jueza Irene Rodríguez, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, señalando que la magistrada sí dictó la orden de prisión preventiva y que esta fue debidamente notificada a Gendarmería el 10 de julio a las 14:13 horas. Aun así, Ferrer fue liberado seis horas más tarde, a las 20:00 horas.

En ese sentido, la presidenta de gremio, Mariela Hernández, acusó falta de diligencia por parte de Gendarmería para alertar sobre comunicaciones contradictorias. Asimismo, rechazó tajantemente los llamados a la destitución de la jueza, argumentando que se vulnera la independencia judicial y la presunción de inocencia.

Por otra parte, el máximo tribunal del país también tomó cartas en el asunto. Durante el jueves, la Corte Suprema realizó un pleno extraordinario para abordar el caso y adoptó una serie de medidas. Entre ellas, instruyó al Departamento de Informática del Poder Judicial emitir un informe sobre eventuales fallas del sistema electrónico de tramitación y encargó, y la elaboración de un protocolo único para la gestión de órdenes de ingreso y egreso de imputados, a fin de evitar interpretaciones o espacios de discrecionalidad.

Además, se pidió a la Asociación de Magistrados y Magistradas que informe sobre las dificultades prácticas que han detectado los jueces penales con el sistema actual.

La ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, fue la encargada de comunicar públicamente parte de estas decisiones, insistiendo en que la orden judicial de ingreso existía y que, por tanto, la liberación de Ferrer
constituye un hecho grave.

También, se instruyó un segundo allanamiento a las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial, en busca de nuevos antecedentes que puedan aportar a esta compleja causa.

Así, mientras la investigación sigue su curso, el caso se ha convertido en un símbolo de las fallas de coordinación entre instituciones del sistema penal.