Ética y transparencia de BioBioChile

La liberación de Osmar Alexánder Ferrer Ramírez, uno de los tres imputados por el homicidio del empresario José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, continúa generando repercusiones. En medio de ese contexto, esta trama también ha salpicado al escenario político, donde la oposición ha planteado que el ministro Jaime Gajardo debiera renunciar, mientras que desde el oficialismo han respaldado al titular de Justicia.

Cabe recordar que el fiscal metropolitano occidente, Marcos Pastén, encabeza las diligencias que lleva adelante el Ministerio Público para esclarecer en qué circunstancias fue liberado el presunto sicario.

Asimismo, debido a este caso, el pasado martes, se incautaron celulares y computadores de funcionarios del 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

También se tomó declaración, tanto a funcionarios de Gendarmería, como a la jueza Irene Rodríguez. Y es que fue ella quien firmó tres resoluciones: la primera, que establecía la prisión preventiva para Ferrer, pero que tenía errores en la identificación; la segunda, para anular dicho documento; y una tercera, para reiterar la privación de libertad.

De esta manera, todo se enredó. De hecho, desde Gendarmería señalaron que lo que no fue advertido por los funcionarios es que el correo que anuló la prisión preventiva era la “misma orden de ingreso que el día anterior recibió en papel”, con ninguna instrucción distinta.

La jueza Rodríguez ha hablado con los medios de comunicación y ha reiterado su inocencia. “Es verdad que hubo un error de nombre, y eso fue lo que se rectificó, pero la cabo se llevó las tres órdenes y la de Osmar se la llevó, rectificada con el nombre, pero prisión preventiva a los tres, que fue lo mismo que yo dije en la audiencia”, dijo.

Y agregó que “habría sido muy inconsecuente yo, decir todo lo que dije en la audiencia y después dar una libertad como definitiva. O sea, sería muy inconsecuente en mi parte”.

Las esquirlas políticas tras liberación de sicario

La liberación del presunto sicario del “Rey de Meiggs” tuvo múltiples reacciones parlamentarias, entre ella, una sesión en la comisión de Seguridad de la Cámara; otra sesión en comisión unida entre Seguridad y Constitución, en el Senado; y la recolección de firmas para una comisión investigadora.

Por otra parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI), en medio de la vorágine que generó esta situación, anunció que estaba estudiando el ingreso de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, al tener a su cargo Gendarmería.

Sin embargo, en conversación con La Radio, el jefe de la bancada de ese partido, Henry Leal, descartó esta acción, al no tener los votos.

“Respecto de la acusación constitucional, primero aquí quiero hablar como jefe de bancada del gremialismo. Nosotros no vamos a avanzar en esa línea, no porque no esté configurada la causal, porque existe nuestro juicio, simplemente porque no tenemos los votos y no estamos disponibles a dar un nuevo triunfo al gobierno”, dijo el parlamentario.

Además, agregó que el propio ministro es quien debe renunciar, y emplazó al Presidente Gabriel Boric a tomar esa decisión.

Una medida que comparten desde otros sectores de Chile Vamos. Por ejemplo, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, el diputado Miguel Mellado, y el diputado Andrés Longton, exigieron la renuncia del titular de Justicia.

Ante los dardos de oposición, en el oficialismo salieron en respaldo de Gajardo, señalando que no solo Gendarmería está siendo indagada, sino que, sobre todo, el Poder Judicial.

El diputado Jaime Araya (IND-PPD) indicó que este caso está radicado totalmente en ese poder del Estado.

Por su parte, el ministro Gajardo, tras ser consultado por la idea que había surgido de acusarlo constitucionalmente, respondió respecto a las responsabilidades que le caben: “Estamos entregando toda la información”, dijo.

Por otra parte, en el Parlamento, particularmente el presidente de la Cámara, José Miguel Castro, insistieron en convocar al Consejo de Seguridad Nacional de Chile (Cosena).

El parlamentario sostiene que el caso ya tiene que ver con seguridad nacional, sumando a la liberación de un sicario, lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas.

En tanto, la diputada Lorena Fríes (FA) desestimó la medida, y junto con ello, la idea de la UDI de reformar la Constitución para que el Congreso pueda autoconvocar a la instancia.

Así las cosas, se espera que el lunes sesione la comisión de Seguridad de la Cámara Baja; y el martes, la de Seguridad y Constitución, unidas, en el Senado.