El debate en torno a la pena de muerte fue nuevamente puesto sobre la mesa, generando diferentes cuestionamientos, pero, también, adhesiones.
La precandidata presidencial de la UDI y Renovación Nacional, Evelyn Matthei, puso el tema en la palestra tras señalar que sabe que “en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar, pero uno perfectamente podría abrir una conversación sobre”.
“Hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos, la pena de muerte sí debería aplicarse”, concluyó.
La discusión en torno a la pena de muerte
Dichas declaraciones encontraron apoyo en su coalición. Por ejemplo, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, sostuvo que “el debate de cuánto se deben endurecer las penas es algo que está abierto”.
Asimismo, el timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, comentó que Matthei, “en vez de decir ‘vamos a proponer esto’, ella dice ‘abramos el debate"”.
“Cuando un gobierno hace mal las cosas en materia de seguridad, empiezan a parecer propuestas que son más extremas”, continuó.
Sin embargo, en otro sector de la derecha se marcó una diferencia inmediata. El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se mostó contrario a la pena de muerte.
“Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no defendemos la pena de muerte”, dijo.
En la misma línea, añadió que “la sanción más dura que se le puede aplicar a un delincuente, a un narcotraficante, a un violador, es la cadena perpetua, que lo va a aislar completamente de su entorno y de la sociedad de por vida, la muerte en vida”.
También, hubo críticas desde otros conglomerados de la oposición, como la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, quien aseguró que la política llegó a este debate por no hacer la pega durante años.
Sin embargo, quien tuvo un encuentro con la exalcaldesa de Providencia, en lo político -algo que no ocurría hace semanas-, fue el líder del Partido Nacional Libertario, el diputado Johannes Kaiser, quien manifestó que le “alegra mucho que la candidata Matthei se haga cargo de la gravedad de la situación”.
“Efectivamente, la pena de muerte es una sanción que, creo, debe reiterarse en Chile, y tendremos que hacernos cargo de las normas internacionales que nos impiden, en este momento, reponer la pena de muerte en otros delitos”, agregó.
Por el contrario, los dichos de Matthei también encontraron cuestionamientos en el Ejecutivo, desde donde la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry, dijo que la discusión se cerró hace muchos años, emplazando a los candidatos de derecha a que terminen con las improvisaciones en seguridad.
En tanto, la precandidata presidencial del PPD, la exministra Carolina Tohá, argumentó que “en las campañas siempre aparecen estas cosas, que son como el humo propio de las propuestas”.
“Chile logró un acuerdo para eliminar la pena de muerte (…) Las penas del infierno a los delincuentes violentos, pero la pena de muerte no. En ninguna parte ha hecho una diferencia en materia de seguridad”, siguió.
¿Se puede aplicar la pena de muerte en Chile?
Según Amnistía Internacional, son 55 los países que hoy tienen pena de muerte para delitos comunes, y Chile no está en esa lista. Esto, luego de que en 2001 el gobierno de Ricardo Lagos reemplazara la pena capital por el presidio perpetuo calificado, que tiene como castigo 40 años de cárcel.
Pese a ello, no está abolida en su totalidad, ya que persiste en la justicia militar. Según el Artículo 244 del Código de Justicia Miliar, se puede aplicar a quienes conspiren contra de la seguridad exterior para inducir a una potencia extranjera a hacer la guerra a Chile o facilitar al enemigo la entrada en el territorio de la República.
De igual manera, vale mencionar que en nuestro país fueron 58 los condenados a pena de muerte desde su promulgación en 1875. Los últimos fueron Carlos Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, conocidos como los “psicópatas de Viña del Mar”, en el año 1985.
En medio de este contexto, surge la interrogante sobre si se podría volver a aplicar.
En ese sentido, hay que mencionar los tratados internacionales suscritos por Chile. En 1990, el país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos que consagra que no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
Además, en 2008, se ratificó el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el cual los Estados parte asumen la obligación de no aplicar en su territorio la pena capital a ninguna persona sometida a su jurisdicción, salvo en tiempos de guerra o aspectos militares.
El segundo aspecto tiene relación con la inconstitucionalidad que representaría su reposición.
Frente a ello, Marisol Peña, exministra del Tribunal Constitucional y Directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, explicó que “los órganos del Estado están obligados no sólo a respetar, sino que a promover los derechos promovidos en tratados internacionales”.