El megacorte de suministro eléctrico que afectó a gran parte del país dejó un nuevo debate político entre La Moneda y la oposición: el rol del Estado en la evaluación de proyectos de inversión en materia energética.

Diferentes sectores de derecha han cuestionado la excesiva burocracia que -a su juicio- limita el avance de proyectos de inversión, endosando responsabilidades al gobierno, al denunciar un “fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente en contra de los privados”.

Así lo planteó -por ejemplo-, la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien señaló que “quienes hoy son gobierno y sus funcionarios han bloqueado las inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología”, cuestionando el tono del Presidente Gabriel Boric en contra de las empresas involucradas en el mega corte de luz.

Asimismo, la bancada de Renovación Nacional (RD) en la Cámara anunció que impulsarán una Comisión Especial Investigadora para analizar la demora de las planificaciones en el sistema de transmisión e inversión.

Dicha medida, además, está acompañada de la citación al ministro de Energía, Diego Pardow, al Congreso, para dar explicaciones sobre -entre otras cosas-, la infraestructura que opera en los sistemas de suministro eléctrico.

Vale destacar que la discusión sobre la “permisología” no es nueva, puesto que abarca a todo tipo de proyecto de infraestructura.

Frente a este escenario, Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, envió una carta al diario El Mercurio revelando lo que ocurre con la futura línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, una iniciativa que contempla una inversión de mil quinientos millones de dólares, de gran relevancia para mejorar la estabilidad del suministro eléctrico.

Sin embargo, según agregó, lleva años esperando su aprobación por problemas y trabas en materia de permisos, tema que preocupa a distintos sectores del mundo político

En ese sentido, el diputado y presidente de la comisión de Vivienda, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), indicó que “acá hay un problema de permisología, de burocracia, donde, lamentablemente, el Estado pone muchas trabas (…) Este problema hay que resolverlo con una batería de proyectos que hoy se discuten”.

La Moneda defiende rol del Estado

Ante la arremetida de la oposición, en el Ejecutivo indican que no hay que confundir entre un problema de inversión, que no sería el caso -según señalan-, con un problema de gestión.

Así lo planteó el ministro de Energía, Diego Pardow, quien señaló, en conversación con 24 horas, que fueron problemas de gestión de crisis de distintos actores, de los distintos segmentos del sistema eléctrico, los que hicieron que ese problema localizado en un lugar particular se propagara a todo el país.

En este marco, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, sostuvo que el apagón del pasado martes “es un evento de interrupción masiva, donde hay roles asignados por la ley de un modo muy distintos. Entonces, si uno quiere analizarlo con profundidad, tiene que abordar ciertos detalles”.

“Este es un mecanismo donde el Estado cumple un rol regulador y fiscalizador importante, pero la gestión está entregado tanto en la generación, transmisión y distribución, a empresas privada sujetas a regulación pública. Este es un mecanismo de colaboración pública-privada”, agregó.

Por otro lado, sobre las críticas de la oposición al rol que ha jugado el Ejecutivo en la inversión en materia energética, la vocera (s) Aisén Etcheverry defendió que “se ha invertido, se ha aumentado la inversión en un 33%”.

De todas formas, la existencia de problemas en torno a la permisología también son reconocidos al interior de la Alianza de Gobierno.

Por ejemplo, el senador y presidente de la Comisión de Minería y Energía, Juan Luis Castro (PS), señaló que “hay acelerar los procesos de permisos, pero eso sin que se pierda de vista que el rol del Estado debe ser de garante”.

¿Permisología?

En medio de este debate, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Ana Lía Rojas, aseguró que “en Chile los proyectos pueden tardar entre cinco a ocho años en materializarse, debido a procesos de evaluación ambiental, permisos sectoriales y servidumbres, que, muchas veces, se extienden e impiden que la infraestructura crezca al ritmo de la demanda en el sistema”.

“Los retrasos en la tramitación de estos proyectos han generado problemas de congestiones de líneas, vertimientos de energía renovables y una mayor exposición a fallas”, añadió.

Sin embargo, surge la pregunta sobre si ¿es tal la existencia de esta excesiva burocracia?

Ante la interrogante, Joseph Ramos, economista, académico de la Universidad de Chile y expresidente de la Comisión para la Productividad, comentó que “a cada rato uno agrega regulación, pero nunca se eliminan. Entonces, se va complicando. Siempre hay efectos secundarios, sin duda, y hay que sopesarlos con los beneficios, y eso no se hace”.

Una visión similar expresó el economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad Del Desarrollo, Carlos Smith, quien sostuvo que “hay más de cinco mil permisos, hay más de mil indicaciones a un proyecto en particular, en este caso el de la línea de transmisión, y eso se replica en otros proyectos”.

“Cuando uno lo piensa, todos los proyectos tienen un impacto ambiental. Lo que tenemos que hacer es tratar de minimizarlo. El problema es que cuando nos suceden este tipo de cosas es donde empezamos a mirarlo”, siguió.

Cabe mencionar que actualmente hay un proyecto en el Congreso, el que busca simplificar el proceso de autorizaciones sectoriales.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo y se encuentra en su segundo trámite constitucional, con urgencia inmediata.

Antes del receso, la comisión de Economía del Senado inició el comparado de las indicaciones que recibió el proyecto, con el fin de que la instancia prepare un nuevo informe de la iniciativa. Así, se proyecta que la propuesta retome su estudio y debate tras el receso legislativo.