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Herramienta desarrollada por BioBioChile El intento de compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado ha generado múltiples cuestionamientos hacia la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández. Chile Vamos ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional para destituir a la senadora socialista, mientras que el Partido Republicano también apunta al artículo 60 que prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado. Respecto a la ministra Fernández, la oposición espera los resultados de una comisión investigadora y no descarta una acusación constitucional. La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió a ambas políticas, pero hubo críticas desde la oposición y otros sectores. La renuncia de la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval intentó cerrar la polémica, y se ha producido una reestructuración en el equipo de La Moneda, incluyendo la salida de Macarena Diez. Las críticas y cuestionamientos persisten en medio de una situación que algunos consideran \"incalculable\" en términos de daño infligido.
Han pasado varios días desde que se conoció el intento de compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado, lo que significó un nuevo flanco abierto para el Ejecutivo y múltiples cuestionamientos contra la senadora Isabel Allende (PS) y la ministra de Defensa, Maya Fernández, quienes son parte de los propietarios de la vivienda.
Frente a la fallida compraventa, finalmente, durante la mañana del pasado jueves, parlamentarios de Chile Vamos ingresaron un requerimiento Tribunal Constitucional con el objetivo de destituir a la senadora socialista.
La acción se suma a la que adoptó el Partido Republicano, que también apunta al artículo 60, en el que se establece que un parlamentario no puede celebrar contratos con el Estado.
En cuanto a la ministra Fernández, los diputados de oposición aseguraron que esperarán lo que ocurra en la comisión especial investigadora (CEI), que ya fue aprobada en Sala. Sin embargo, no descartaron una acusación constitucional.
Ante este escenario, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que “son personas rectas, que han actuado siempre de buena fe. Eso no quita la facultad de los parlamentarios de ejercer sus atribuciones, pero lo que uno esperaría es que, en el marco del ejercicio de esas facultades, ciertos límites no se pasen a llevar”.
“En el caso de la senadora Allende, es una persona que ha entregado su vida entera a cuidar la memoria de su padre, el presidente Salvador Allende”, agregó.
Las palabras de la secretaria de Estado no fueron compartidas por el diputado Gustavo Benavente (UDI), quien dijo que “no sé qué entiende con que el límite no se cruza; el límite que no hay que cruzar es no infringir la Constitución. Entonces, me imagino que a la ministra Tohá, a lo mejor, la podemos citar como testigo en favor nuestro, en el requerimiento, cuando ella dice que hay límites que no se cruzan, porque nos está dando la razón”.
Por el contrario, la diputada y subjefa de la bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, planteó que, “sin duda, el alargue de este tema, aún cuando se han asumido las responsabilidades políticas y se están buscando las responsabilidades administrativas, como lo dijo el ministro (Francisco) Figueroa, es nada más que un aprovechamiento, una vez más, de pegarle al gobierno”.
Nueva renuncia en medio de polémica por fallida compra de casa de Allende
De esta manera, siguen los coletazos tras esta fallida compra, una polémica que el Presidente Gabriel Boric intentó cerrar con la renuncia de la ahora exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.
En ese sentido, el ingreso del nuevo ministro de dicha cartera, Francisco Figueroa, no es la única modificación en el equipo de La Moneda, ya que el pesado jueves se informó la salida de Macarena Diez, ahora exjefa de la división jurídica de Bienes Nacionales.
Según la información que se conoce, la renuncia habría sido voluntaria, y Diez continuará trabajando dentro de la repartición, pero en otras funciones. En tanto, la división jurídica quedará en manos de la abogada María José Armisen.
Así, tras conocerse la nueva salida de Diez, el diputado Frank Sauerbaum (RN) sostuvo que #nosotros pensamos que estaba fuera. Harto tarde salió. Pero, la verdad es que hay una serie de personas que no se hacen responsables de las decisiones que aquí se toman”.
“Bienes Nacionales fue la última instancia que conoció este tema. ¿Dónde están los responsables en Cultura?, ¿dónde están los responsables en el Tesoro Público?, ¿dónde están los responsables en La Moneda?”, agregó.
Por su parte, en el Socialismo Democrático también son críticos. Por ejemplo, la diputada y jefa de bancada (IND-PPD), Camila Musante, señaló que “no puede existir ningún manto de dudas, de ilegalidades o eventuales delitos que se hayan cometido dentro de un ministerio de este gobierno”.
En la misma línea, el diputado Marcos Ilabaca (PS) apuntó a que “se asuman todas las responsabilidades que aquí correspondan. Aquí se cometieron errores garrafales (…) El daño infligido, creo, es incalculable”.