Madre de conscripto fallecido busca que el caso sea investigado por justicia ordinaria y no militar

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Este situación se da luego que Franco Vargas perdiera la vida tras una marcha de instrucción desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hacia el Cuerpo Militar de Putre.

Las repercusiones del caso de los conscriptos de la “Brigada Motorizada n.º 24 Huamachuco” de Putre continúan. La familia de Franco Vargas busca que su muerte sea investigada por la justicia ordinaria y no por la justicia militar.

Lo anterior, luego que el joven de 19 años perdiera la vida tras una marcha de instrucción desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hacia el Cuerpo Militar de Putre.

Frente a esta situación, existen dos querellas interpuestas en la justicia ordinaria. La primera fue realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ante la Fiscalía de Arica, donde acusan violación de los derechos humanos, a raíz de la exposición de personas no capacitadas para el entrenamiento y sin la vestimenta adecuada, con el consiguiente de apremios ilegítimos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecidos en el Código Penal.

Pese a abrir una causa, dicha fiscalía aún no inicia una investigación. El fiscal Mario Carrera comentó que “como Fiscalía nosotros tenemos el deber, frente a cualquier denuncia, de cualquier institución o persona, de generar una investigación, asignar un fiscal y realizar algunas diligencia para tomar una decisión, luego informada respecto de esta persona o institución”.

En tanto, la segunda acción judicial fue realizada por la familia de Franco Vargas. Asimismo, Romy Vargas, la madre del joven fallecido asistió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y exigió justicia. “El Ejército de Chile tiene que cuidar a sus compatriotas, no torturarlos (…) Quiero cárcel para ellos”, dijo.

Por su parte, el abogado defensor de la familia Vargas, Sebastián Andrade, sostuvo que el caso debe ser investigado por la justicia ordinaria y no militar. “No hay debido proceso en un procedimiento en que la víctima no existe. En la Fiscalía Militar no existe la figura de la víctima. No existe la figura del querellante. No existe la posibilidad de reparación. Existe el interesando y doña Romy no es una interesada”

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.

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Este situación se da luego que Franco Vargas perdiera la vida tras una marcha de instrucción desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hacia el Cuerpo Militar de Putre.

Las repercusiones del caso de los conscriptos de la “Brigada Motorizada n.º 24 Huamachuco” de Putre continúan. La familia de Franco Vargas busca que su muerte sea investigada por la justicia ordinaria y no por la justicia militar.

Lo anterior, luego que el joven de 19 años perdiera la vida tras una marcha de instrucción desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hacia el Cuerpo Militar de Putre.

Frente a esta situación, existen dos querellas interpuestas en la justicia ordinaria. La primera fue realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ante la Fiscalía de Arica, donde acusan violación de los derechos humanos, a raíz de la exposición de personas no capacitadas para el entrenamiento y sin la vestimenta adecuada, con el consiguiente de apremios ilegítimos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecidos en el Código Penal.

Pese a abrir una causa, dicha fiscalía aún no inicia una investigación. El fiscal Mario Carrera comentó que “como Fiscalía nosotros tenemos el deber, frente a cualquier denuncia, de cualquier institución o persona, de generar una investigación, asignar un fiscal y realizar algunas diligencia para tomar una decisión, luego informada respecto de esta persona o institución”.

En tanto, la segunda acción judicial fue realizada por la familia de Franco Vargas. Asimismo, Romy Vargas, la madre del joven fallecido asistió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y exigió justicia. “El Ejército de Chile tiene que cuidar a sus compatriotas, no torturarlos (…) Quiero cárcel para ellos”, dijo.

Por su parte, el abogado defensor de la familia Vargas, Sebastián Andrade, sostuvo que el caso debe ser investigado por la justicia ordinaria y no militar. “No hay debido proceso en un procedimiento en que la víctima no existe. En la Fiscalía Militar no existe la figura de la víctima. No existe la figura del querellante. No existe la posibilidad de reparación. Existe el interesando y doña Romy no es una interesada”

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.