El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, conversó con la Radio Bío Bío y explicó los detalles de la nueva Ley 21.592, que establece un marco legal que protege a los denunciantes que reporten infracciones en el sector público, y abordó el Caso Convenios.
En ese sentido, comentó que “establece un canal especial respecto de denuncias y hechos de corrupción, o aquellas que afectan a bienes o recursos público al interior de instituciones públicas, ministerios”, entre otros.
Asimismo, señaló que el objetivo “es aumentar el canal de denuncias y que estas puedan ser seguras”. Para ello, “no sólo establece legalmente el deber de reserva de identidad del denunciante, sino que también un estatuto de protección”.
Además, fue claro en enfatizar que “él que maliciosamente revele antecedentes, o hechos, de una investigación, no solamente judicial sino que administrativa-disciplinaria, se expone a penas severas, de cárcel“.
Falencias del sistema
El fiscal Anticorrupción explicó las falencias que se han evidenciado hasta el momento, que producen que los funcionarios públicos no denuncien los hechos de corrupción de los cuales tienen conocimiento.
“No denuncia respecto de temas que pueden ser de represalias” como “no me van a renovar la contrata, voy a ser objeto de algún traslado, mis calificaciones el próximo años van a ser distintas”, entre otras situaciones, comentó. También, que se establecen “medidas de protección para inhibir aquello”.
Por otra parte, Eugenio Campos, explicó cómo funcionará el mecanismo “cooperación eficaz”, el que pretende que quienes son parte de algún delito puedan denunciarlo y obtener un beneficio respecto a su posible condena.
“Si yo pertenezco a una banda de tráfico de drogas y, en este caso, no tan solo establezco mi participación en un hecho que reviste carácter de delito sino que puedo delatar o indicar respecto de otros participes del mismo, o generar la investigación de un delito igual o mayor del que estoy participando, puedo beneficiarme de aquella norma”, que “significa una rebaja en la pena de la que eventualmente puedo ser objeto”, sostuvo.
Caso Convenios
En cuanto al denominado Caso Fundaciones, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía reveló que “el Ministerio Público tiene alrededor de 47 causas iniciadas respecto a este tipo de causas (transferencias desde el MINVU y algunos GOREs a diversas instituciones) en las cuales partimos con temas de transacciones desde el MINVU, 2021, 2022, pero hoy tenemos muchas más causas que se derivan de transferencias de fondos de gobiernos regionales”.
En la misma línea, agregó que “los dineros que se cuestionan, sean administrativos o penales, son en mayor cantidad, los que provienen de GOREs ($12.000.000.000) más que del Minvu ($4.400.000.000)”.
También, que algunas de las irregularidades que se han encontrado son “personas jurídicas constituidos muy próximos al momento de celebrarse el convenio”, “persona jurídicas respecto a los cuales no tenían un giro comercial asociado al objetivo propio del convenio”, “falta de experiencia”, y más.
En cuanto a los documentos que fueron enviadas desde Contraloría, que tienen que ver con “trasferencias de dinero” desde instituciones del Estado a privados, contó que “debemos abrir una causa” en la región Metropolitana.
Además, señaló que el Consejo de Defensa del Estado tiene “varias querellas”, pero que “la lucha contra no puede estar con soldados solitarios, tiene que abordarse como un tema de institucionalidad”.
“Desde ese punto de vista tenemos coordinaciones con el Consejo de Defensa del Estado, con la Contraloría, con el Servicio de Impuestos Internos y con el Servel, en algunos puntos respecto a los cuales puedan ser necesarios”, complementó.
Revisa todos los detalles en la entrevista completa.