Las auditorías de Contraloría a las seremis del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en todo el país, arrojaron multiples irregularidades en el traspaso de fondos directos a privados. Algunas de ellas fueron fallas en los procedimientos y excesiva discrecionalidad.
Ante esta situación, surgieron diversas críticas a las medidas que ha tomado el gobierno frente a este escándalo. Anunció más de mil modificaciones como modificar la toma de razón que tiene que realizar Contraloría y establecer la concursabilidad de los convenios como norma general, en la Ley de Presupuesto.
En tanto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, señaló que “deberíamos haber enfrentado los problemas de fondo de un modelo que tiene que ver con todas las actividades de un país, en la relación de la trasferencia a privados”.
“No captamos en ese momento el conjunto de forado y de riesgo de hechos de corrupción, ineficacia y burocracia”, agregó.
Por su parte, María Jaraquemada, directora Chile Transparente, comentó que “el gobierno, el 28 de septiembre nos presentó su hoja de ruta con 60 acciones para ejecutar las 46 propuestas que nosotros hicimos”.
En la misma línea, agregó que “lo que el gobierno está haciendo es presentar estas propuestas, pero, luego, tienen que ser aprobadas en el Congreso. También, una circular del Ministerio de Hacienda, donde se establecen mayores requisitos y resguardos para hacer transferencias”.
Repuesta al gobierno
Por otro lado, el senador Javier Macaya (UDI) contestó a las declaraciones de la ministra Secretaria General, Camila Vallejo, quien tras los resultados de las auditorias de Contraloría, apuntó a la administración anterior del “modus operandi” utilizado.
“Da a entender que esos son problemas estructurales del Estado y el Estado no es estructuralmente corrupto, no tiene una estructura que permita, o favorezca, que se abuse de los recursos de todos los chilenos”, sostuvo Macaya.
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