El ministro de Hacienda abrió la puerta a flexibilizar el control estatal en la industria del litio, aunque recalcó que el sector público seguirá siendo preponderante en todos los proyectos “estratégicos”. En el sector minero toman los anuncios con cautela, mientras expertos advierten pocos incentivos sobre la mesa, para adelantar la renegociación de los contratos vigentes en el Salar de Atacama, en medio de las aprensiones de que finalmente el litio sirva para pagar las multimillonarias deudas de Codelco.
El anuncio presidencial sobre la estrategia nacional del litio y sus principales ejes fue el pasado jueves, pero el debate y las reacciones no se han detenido, en la medida que se van conociendo más detalles, en medio de temores de que termine siendo un negocio para pagar las deudas de Codelco.
Lo que se conoce hasta ahora todavía genera dudas, eso quedó claro el pasado viernes con la reacción de los mercados y los gremios empresariales, que ven con desconfianza el “control estatal” que se pretende instalar en la explotación de los salares.
Si bien SQM y Albemarle se mostraron disponibles a dialogar y no hicieron críticas a esta iniciativa, en la Sociedad Nacional de Minería dicen que toman la noticia con “cautela”.
Cristián Argandoña, presidente subrogante del gremio, recalca que si bien el control de las rentas del litio es un tema completamente discutible, no ven muchos espacios para una asociación donde el Estado tenga control administrativo y operativo.
“Esperamos que los socios pongan el capital inicial y la tecnología”, es lo que explicaba durante la semana la ministra de Minería, Marcela Hernando, aunque en el Gobierno no cierran puertas a distintas modalidades.
En tanto, el titular de Hacienda, Mario Marcel, dijo que hay distintas maneras de ejercer el control estatal, ya sea con participación mayoritaria, pactos de accionistas o cláusulas especiales.
Incluso, no descartó que en algunos casos los privados puedan tener una participación mayoritaria, aunque en aquellos depósitos y proyectos estratégicos siempre será el Estado. ¿Cuáles serán entonces los criterios? Así lo explicó el ministro Marcel.
Al hablar de proyectos estratégicos, punto aparte es el Salar de Atacama, donde la idea del Gobierno es que Codelco pueda renegociar los contratos de explotación vigentes que tienen SQM y Albemarle, con 81 mil y 16 mil hectáreas respectivamente, hasta 2030 y 2043.
Pero estas dudas y esta idea de que los privados pongan el capital y no tengan control sobre las decisiones puede dificultar la negociación, según el abogado del estudio Arteaga Gorziglia, Luciano Cruz Morandé, quien remarca cuáles serían las claves de esta conversación.
En la misma línea, el exministro de Minería, Hernán de Solminihac, dijo que para esta negociación y en la aplicación de esta política nacional, debe primar el pragmatismo, donde si bien el Estado puede tener el control, este debería centrarse en garantizar la recaudación.
Este lunes, el propio presidente Gabriel Boric tendrá tiempo y espacio para dar nuevos detalles de esta decisión, con su presencia confirmada en Expomin, un congreso internacional de minería donde se espera la participación de más de 1.200 expositores.
Hasta el momento, las principales dudas apuntan a la renegociación y el destino de las ganancias que podría generar el ingreso del Estado como protagonista al negocio del litio.
De acuerdo al anuncio del mandatario, se va a renegociar con Soquimich, pese a que el contrato vence en 7 años, por lo que cabe preguntarse si tiene sentido considerando que los plazos de explotación en este tipo de contratos son mucho más amplios.
Esto, porque si se renegocia, se debe dar algo, como por ejemplo, prolongar su concesión, dejando prácticamente fuera de juego a otras empresas que pretendan ingresar al negocio.
Recordemos que la empresa dirigida por Julio Ponce Lerou produce el 70% del litio chileno, por lo que una de las opciones que se ha planteado es hacer una licitación con varios competidores que se asocien con el Estado en otras condiciones en 7 años más.
El caso de Albemarle, en tanto, es más complicado, ya que tiene una concesión hasta el 2043.
En medio de todo, es necesario tener presente los problemas económicos que arrastra Codelco, con su deuda de 30 mil millones de dólares, algo que también genera resquemores por la posibilidad cierta de que finalmente el litio sirva para financiar a la estatal.
Tampoco se sabe cuáles serán las condiciones que se ofrecerán, aunque en la práctica, tanto SQM como Albemarle, son las únicas actualmente que tienen el conocimiento y el desarrollo tecnológico para la extracción del litio en nuestro país.
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El ministro de Hacienda abrió la puerta a flexibilizar el control estatal en la industria del litio, aunque recalcó que el sector público seguirá siendo preponderante en todos los proyectos “estratégicos”. En el sector minero toman los anuncios con cautela, mientras expertos advierten pocos incentivos sobre la mesa, para adelantar la renegociación de los contratos vigentes en el Salar de Atacama, en medio de las aprensiones de que finalmente el litio sirva para pagar las multimillonarias deudas de Codelco.
El anuncio presidencial sobre la estrategia nacional del litio y sus principales ejes fue el pasado jueves, pero el debate y las reacciones no se han detenido, en la medida que se van conociendo más detalles, en medio de temores de que termine siendo un negocio para pagar las deudas de Codelco.
Lo que se conoce hasta ahora todavía genera dudas, eso quedó claro el pasado viernes con la reacción de los mercados y los gremios empresariales, que ven con desconfianza el “control estatal” que se pretende instalar en la explotación de los salares.
Si bien SQM y Albemarle se mostraron disponibles a dialogar y no hicieron críticas a esta iniciativa, en la Sociedad Nacional de Minería dicen que toman la noticia con “cautela”.
Cristián Argandoña, presidente subrogante del gremio, recalca que si bien el control de las rentas del litio es un tema completamente discutible, no ven muchos espacios para una asociación donde el Estado tenga control administrativo y operativo.
“Esperamos que los socios pongan el capital inicial y la tecnología”, es lo que explicaba durante la semana la ministra de Minería, Marcela Hernando, aunque en el Gobierno no cierran puertas a distintas modalidades.
En tanto, el titular de Hacienda, Mario Marcel, dijo que hay distintas maneras de ejercer el control estatal, ya sea con participación mayoritaria, pactos de accionistas o cláusulas especiales.
Incluso, no descartó que en algunos casos los privados puedan tener una participación mayoritaria, aunque en aquellos depósitos y proyectos estratégicos siempre será el Estado. ¿Cuáles serán entonces los criterios? Así lo explicó el ministro Marcel.
Al hablar de proyectos estratégicos, punto aparte es el Salar de Atacama, donde la idea del Gobierno es que Codelco pueda renegociar los contratos de explotación vigentes que tienen SQM y Albemarle, con 81 mil y 16 mil hectáreas respectivamente, hasta 2030 y 2043.
Pero estas dudas y esta idea de que los privados pongan el capital y no tengan control sobre las decisiones puede dificultar la negociación, según el abogado del estudio Arteaga Gorziglia, Luciano Cruz Morandé, quien remarca cuáles serían las claves de esta conversación.
En la misma línea, el exministro de Minería, Hernán de Solminihac, dijo que para esta negociación y en la aplicación de esta política nacional, debe primar el pragmatismo, donde si bien el Estado puede tener el control, este debería centrarse en garantizar la recaudación.
Este lunes, el propio presidente Gabriel Boric tendrá tiempo y espacio para dar nuevos detalles de esta decisión, con su presencia confirmada en Expomin, un congreso internacional de minería donde se espera la participación de más de 1.200 expositores.
Hasta el momento, las principales dudas apuntan a la renegociación y el destino de las ganancias que podría generar el ingreso del Estado como protagonista al negocio del litio.
De acuerdo al anuncio del mandatario, se va a renegociar con Soquimich, pese a que el contrato vence en 7 años, por lo que cabe preguntarse si tiene sentido considerando que los plazos de explotación en este tipo de contratos son mucho más amplios.
Esto, porque si se renegocia, se debe dar algo, como por ejemplo, prolongar su concesión, dejando prácticamente fuera de juego a otras empresas que pretendan ingresar al negocio.
Recordemos que la empresa dirigida por Julio Ponce Lerou produce el 70% del litio chileno, por lo que una de las opciones que se ha planteado es hacer una licitación con varios competidores que se asocien con el Estado en otras condiciones en 7 años más.
El caso de Albemarle, en tanto, es más complicado, ya que tiene una concesión hasta el 2043.
En medio de todo, es necesario tener presente los problemas económicos que arrastra Codelco, con su deuda de 30 mil millones de dólares, algo que también genera resquemores por la posibilidad cierta de que finalmente el litio sirva para financiar a la estatal.
Tampoco se sabe cuáles serán las condiciones que se ofrecerán, aunque en la práctica, tanto SQM como Albemarle, son las únicas actualmente que tienen el conocimiento y el desarrollo tecnológico para la extracción del litio en nuestro país.