El Tribunal Constitucional determinó solicitar más información al Ministerio de Justicia para mejor resolver la causa de los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por senadores de la oposición, por 7 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, afirmó que actualmente hay una solicitud de indulto en tramitación.
Ayer, el Pleno del Tribunal Constitucional inició los alegatos por una serie de requerimientos de inconstitucionalidad -presentados por un grupo de senadores de Chile Vamos y el partido en formación Demócratas- que busca impugnar los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric al exfrentista, Jorge Mateluna, y a otros 6 condenados por delitos cometidos durante el denominado estallido social; Luis Castillo, Jornado Santander, Brandon Rojas, Bastián Campos, Claudio Romero y Felipe Santana.
Más de 3 horas duró la audiencia, donde la abogada y ex convencional UDI, Constanza Hube, representó a los congresistas, y el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, representó al Ejecutivo.
Terminados los alegatos los miembros del tribunal realizaron preguntas a los abogados litigantes. El ministro Christian Letelier -exdiputado UDI- le consultó al abogado Raúl Letelier si existen más solicitudes de indultos que no han sido cursadas, en el contexto del llamado estallido social.
En ese sentido, el abogado del Consejo de Defensa del Estado respondió que hay una petición en actual tramitación.
Tras escuchar los alegatos de ambas partes, los 8 ministros que conforman el Tribunal Constitucional resolvieron decretar medidas para “mejor resolver” la causa, argumentando que los antecedentes expuestos no fueron suficientes.
¿Cuáles serán las medidas? El Ministerio de Justicia deberá informar las solicitudes de indultos particulares de personas condenadas -antes del 29 de diciembre de 2022- por delitos en el contexto del denominado estallido social.
Además, la cartera deberá comunicar sobre eventuales solicitudes de indultos particulares ingresadas, también en condenas por delitos ocurridos en ese contexto.
La abogada de los senadores, Constanza Hube, sostuvo que no está en duda la facultad del presidente de otorgar indultos, pero que el perdón político en estos casos ha sido excesivo.
El abogado del indultado Jordano Santader, Emilio Stain -quien no está legitimado a formular observaciones en el proceso-, cuestionó la responsabilidad del Estado, en caso que los indultados tengan que volver a estar presos de libertad.
El senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuan -uno de los parlamentarios que recurrió al TC-, señaló que espera que la justicia resuelva en conformidad a la ley, mientras que el senador de Demócratas, Matías Walker, -otro de los congresistas que presentó los requerimientos- sostuvo que con esta causa buscan que nunca más un presidente de la república otorgue indultos con arbitrariedad.
En el Gobierno sostienen que las alegaciones de la oposición “son de legalidad y no de constitucionalidad”, mientras que Chile Vamos y Demócratas acusa falta de fundamentación en estos 7 indultos, lo que estaría -según dicen- “quebrantando la igualdad ante la ley”.