La Moneda ya activó la cuenta regresiva. Y es que durante las últimas horas han estado convocado a los representantes de distintos sectores políticos, alcaldes y gobernadores para sellar el acuerdo por la seguridad, que se trabó luego de los indultos que concedió el presidente Gabriel Boric.
Las gestiones del Gobierno por reintegrar a Chile Vamos ha sido infructuosa. A los insistentes llamados del ministra del Interior, Carolina Tohá, hoy se sumó la vocera Camila Vallejo, enfatizando en que se requiere “una medida integral y compromiso interinstitucional y tranversal en materia político, pero también institucional”, refiriéndose al Congreso.
La secretaria de Estado manifestó la importancia de que la oposición se allane a participar, con el objetivo de comenzar a mejorar los índices de seguridad.
Lo cierto es que como ha ocurrido hace varias semanas, ni la bancada de diputados de Renovación Nacional, ni de la UDI ni de Evópoli, han cambiado su posición, presionando al Ejecutivo para envíe los proyectos a Valparaíso.
El subjefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, apuntó a la administración de Gabriel Boric en la indecisión que tienen en el envío de iniciativas, entendiendo que no todo el oficialismo se cuadraría bajo proyectos de seguridad.
El legislador de Renovación Nacional, Andrés Longton, reforzó la idea y calificó como “un engaño” la mesa.
Se espera que este martes, La Moneda participe en tres encuentros: con los representantes políticos de cada colectividad, con los gobernadores regionales y con los alcaldes, donde están incluidos los jefes comunales de la oposición.
De hecho, uno de los puntos que se discutirían, tras los últimos hechos de delincuencia, es el eventual traspaso de más facultades a la seguridad municipal, pese a la resistencia del Ministerio del Interior.
El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, pese a participar de la convocatoria, dijo que esto se trata de una figura comunicacional, recordando que el presidente tiene facultades para tratar de combatir la inseguridad.
Un paquete de 79 medidas, como el control de las fronteras y el mejoramiento de herramientas para combatir el terrorismo, figura en la mano del Ejecutivo, que se pretende materializar a través de proyectos de ley, indicaciones, medidas administrativas y reasignación de recursos.