El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se retiró de la comisión que tramitó el Proyecto de Infraestructura Crítica, luego de que la oposición aprobara una indicación que limita el actuar militar en la frontera.
El Gobierno está instando a reponer la indicación, pero la jugada política haría fracasar el objetivo principal del oficialismo, que es despachar la ley antes del receso legislativo.
Fue otra de esas maratónicas sesiones de comisión, en que Seguridad Ciudadana despachó a Sala después de votar toda la jornada, 48 indicaciones presentadas al Proyecto de Infraestructura Crítica.
El momento de mayor tensión se vivió en la indicación número nueve: De tipo supresiva, o dicho de otra manera, del tipo que elimina elementos de un proyecto de ley, y que terminó por remover, con mayoría opositora, uno de los elementos centrales de este proyecto.
Nos referimos a la facultad de funciones de control de orden público, pero circunscritas al refuerzo en la frontera que van a prestar los militares cuando y si es que, esta iniciativa se convierte en ley.
Esto motivó una suspensión de cinco minutos en que el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, se reunió con parlamentarios oficialistas y según entiende La Radio, conversó con la vicepresidenta, Carolina Tohá.
La sesión se reanudó con un anuncio: Manuel Monsalve tomó la decisión de salir de la sesión, entendiendo que los diputados decidieron aprobar una indicación que cambia el objetivo central del proyecto.
Monsalve pidió que este artículo del proyecto que entrega facultad a militares, se reponga en sala.
Para el oficialismo, el daño pudo ser mayor. En parte porque al menos se pudo rechazar otra de las grandes demandas de la oposición: Que los actos perpetrados por militares en el ejercicio de sus funciones de refuerzo de control fronterizo, fuesen tratados en tribunales militares y no en la justicia ordinaria.
El diputado del Partido Republicano, Johaness Kaiser, dice que su sector interpreta que este proyecto le pasa toda la responsabilidad a los militares, sin que exista responsabilidad política y por eso, presentaron la indicación que sí se terminó aprobando.
Las fuerzas oficialistas insisten en que hay una contradicción: Se ha insistido durante semanas y meses con el refuerzo militar, y cuestionan que Chile Vamos hace un punto político sobre las posibles consecuencias del actuar militar, que terminan bloqueando su despliegue.
Esta vuelta de tuerca es llamativa, cuando se piensa que no son pocos los parlamentarios en Apruebo Dignidad a los que no les agrada la acción militar y sin embargo aquí la han defendido.
La diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, dijo que eran solo algunas funciones razonables para reforzar la crisis del norte.
Pero la convicción es que la protección a las Fuerzas Armadas debe ser total: Aquí surge la necesidad de elevar a rango de ley o tipo constitucional el uso racional de la fuerza, con una optica que ponga primero al efectivo militar que es desplegado.
José Miguel Castro, diputado RN que hizo las veces de Presidente ante la ausencia del UDI, Jorge Alessandri, dijo que la idea es entregar un amplio marco de protección y no solo de manera parcial.
Lo llamativo es que el gobierno salió en la indicación nueve del trámite, y eran 48 votaciones. Es por esto, que las ministras de Defensa, Maya Fernandez, y de SEGPRES, Ana Lya Uriarte, volvieron a la instancia y se trabajó por al menos cuatro horas más hasta despachar por completo la propuesta.