Por falta de información sobre impacto ambiental el Comité de Ministros rechazó el Proyecto Dominga

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El comité de ministros rechazó -en forma unánime- la calificación ambiental del proyecto minero Dominga, acusando -principalmente- falta de información sobre sus eventuales impactos en el ecosistema.

La empresa a cargo, Andes Iron, anunció que recurrirá al Tribunal Ambiental para insistir con la iniciativa, mientras el empresariado acusó que primó “el criterio político sobre el técnico”.
En una sesión de casi tres horas, con mucha expectación ciudadana, el comité de ministros finalmente analizó y tomó una decisión sobre la calificación ambiental del proyecto minero Dominga, pronunciándose respecto de 12 de las 26 reclamaciones en cuestión.

La evaluación unánime de los integrantes fue desfavorable. ¿En qué se fijó el comité? En particular, acusaron de falta de información respecto al área de influencia del proyecto, sus posibles impactos sobre el medio marino, sus especies, el impacto de la planta desaladora y el material remanente de la extracción del hierro a rajo abierto.

Esto hace imposible, dice el comité, establecer medidas de mitigación, compensación y reparación que sean adecuadas, lo que gana especial preocupación considerando el sector donde pretende instalarse.

El pingüino de Humboldt o la población de cetáceos fueron objeto de particular preocupación, según detalló la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas quien dijo que este punto ha sido cuestionado desde 2013.

Lo cierto es que, si bien esta decisión fue celebrada por agrupaciones ambientalistas, las comunidades que también llegaron a este lugar se mostraron decepcionadas. El Gobierno dijo que ya está trabajando en un plan de desarrollo para la zona de La Higuera, por un plazo de 8 años, pero Andrea Flores, de la Cooperativa por el Progreso de la comuna, lamentó que se deje de lado el aporte económico del proyecto.

Por otra parte, la empresa a cargo de la iniciativa, Andes Iron, criticó duramente esta resolución y ya anunció que reclamará ante el Tribunal Ambiental, acusando que esta decisión se basa en intervención política.

Sin embargo, la abogada de la ONG Fima, Antonia Berríos destacó que la decisión del comité es bastante contundente respecto del fondo de lo que se reclama, y están confiados en que la vía judicial no prospere.

En este sentido, fueron críticos también en el empresariado. Sonami apuntó a los ministros de Economía y Minería, a quienes acusó de un “doble estándar” respecto de “la postura que manifiestan ante las organizaciones empresariales”. Dicen que esto perjudica la necesidad de certeza jurídica, el mismo punto que señaló el presidente de la CPC, Ricardo Mewes.

De acuerdo al Gobierno, la inversión planificada para el sector de Quilimarí, contempla 580 mil millones de pesos, y 260 intervenciones de distinta índole que abordan cobertura de servicios básicos, infraestructura e incluso caletas para el desarrollo de la pesca.

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El comité de ministros rechazó -en forma unánime- la calificación ambiental del proyecto minero Dominga, acusando -principalmente- falta de información sobre sus eventuales impactos en el ecosistema.

La empresa a cargo, Andes Iron, anunció que recurrirá al Tribunal Ambiental para insistir con la iniciativa, mientras el empresariado acusó que primó “el criterio político sobre el técnico”.
En una sesión de casi tres horas, con mucha expectación ciudadana, el comité de ministros finalmente analizó y tomó una decisión sobre la calificación ambiental del proyecto minero Dominga, pronunciándose respecto de 12 de las 26 reclamaciones en cuestión.

La evaluación unánime de los integrantes fue desfavorable. ¿En qué se fijó el comité? En particular, acusaron de falta de información respecto al área de influencia del proyecto, sus posibles impactos sobre el medio marino, sus especies, el impacto de la planta desaladora y el material remanente de la extracción del hierro a rajo abierto.

Esto hace imposible, dice el comité, establecer medidas de mitigación, compensación y reparación que sean adecuadas, lo que gana especial preocupación considerando el sector donde pretende instalarse.

El pingüino de Humboldt o la población de cetáceos fueron objeto de particular preocupación, según detalló la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas quien dijo que este punto ha sido cuestionado desde 2013.

Lo cierto es que, si bien esta decisión fue celebrada por agrupaciones ambientalistas, las comunidades que también llegaron a este lugar se mostraron decepcionadas. El Gobierno dijo que ya está trabajando en un plan de desarrollo para la zona de La Higuera, por un plazo de 8 años, pero Andrea Flores, de la Cooperativa por el Progreso de la comuna, lamentó que se deje de lado el aporte económico del proyecto.

Por otra parte, la empresa a cargo de la iniciativa, Andes Iron, criticó duramente esta resolución y ya anunció que reclamará ante el Tribunal Ambiental, acusando que esta decisión se basa en intervención política.

Sin embargo, la abogada de la ONG Fima, Antonia Berríos destacó que la decisión del comité es bastante contundente respecto del fondo de lo que se reclama, y están confiados en que la vía judicial no prospere.

En este sentido, fueron críticos también en el empresariado. Sonami apuntó a los ministros de Economía y Minería, a quienes acusó de un “doble estándar” respecto de “la postura que manifiestan ante las organizaciones empresariales”. Dicen que esto perjudica la necesidad de certeza jurídica, el mismo punto que señaló el presidente de la CPC, Ricardo Mewes.

De acuerdo al Gobierno, la inversión planificada para el sector de Quilimarí, contempla 580 mil millones de pesos, y 260 intervenciones de distinta índole que abordan cobertura de servicios básicos, infraestructura e incluso caletas para el desarrollo de la pesca.