Luego de más de 6 meses: El Gobierno presentó Política Nacional contra el crimen organizado

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Después de más de 6 meses de trabajo, el Gobierno presentó la Política Nacional contra el Crimen Organizado, basada en 10 ejes y con más de 39 mil millones de pesos como presupuesto para 2023.

Parlamentarios valoraron el trabajo del Ejecutivo, y desde la oposición señalaron que el plan es “una nueva oportunidad perdida”.

El presidente de la República, Gabriel Boric, recibió la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, un documento que se venía trabajando desde fines de junio.

Finalmente, luego de más de 6 meses de trabajo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario Manuel Monsalve le entregaron al mandatario el plan, integrado por 17 instituciones y que cuenta con 10 ejes para enfrentar esta situación en el período que comprende 2022 a 2027.

El presupuesto será, en 2023, de 39.302 millones de pesos para fortalecer a Carabineros, la PDI, Aduanas, Directemar, la Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería.

El mandatario dijo que el crimen organizado debe trabajarse de manera urgente, porque trae una escalada de violencia en los barrios, penetra en las diferentes esferas de la sociedad, genera corrupción y pérdida de confianza en la democracia.

La política se basa en 10 ejes, donde destacan el fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, la idea de desbaratar la economía del crimen organizado e incautación y lucha contra el lavado de activos; la disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales y la actualización de la legislación sobre tenencias de armas; y el abordaje del crimen organizado en los recintos penitenciarios.

También considera una agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución; la actualización de equipamiento y tecnología de las instituciones; y prevenir la corrupción en instituciones públicas.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que ya se ha avanzado con una serie de medidas que se relacionan con estos ejes y sostuvo que esto va a la par con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, que sigue en construcción con partidos de Gobierno y oposición.

También se refirió al tema el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien afirmó que la institución participó y lo seguirá haciendo activamente de cada una de las medidas.

El diputado socialista y presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, Raúl Leiva, aseguró que es clave esta presentación, porque se entrega la piedra angular para combatir el crimen organizado.

Desde la oposición, el diputado Andrés Jouannet sostuvo que este plan es la muestra de cómo el Ejecutivo perdió -nuevamente- una oportunidad en materia de seguridad.

Para poder evaluar los resultados o avances de la política ya se coordinó y agendó un encuentro para fines de marzo de 2023.

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Después de más de 6 meses de trabajo, el Gobierno presentó la Política Nacional contra el Crimen Organizado, basada en 10 ejes y con más de 39 mil millones de pesos como presupuesto para 2023.

Parlamentarios valoraron el trabajo del Ejecutivo, y desde la oposición señalaron que el plan es “una nueva oportunidad perdida”.

El presidente de la República, Gabriel Boric, recibió la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, un documento que se venía trabajando desde fines de junio.

Finalmente, luego de más de 6 meses de trabajo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario Manuel Monsalve le entregaron al mandatario el plan, integrado por 17 instituciones y que cuenta con 10 ejes para enfrentar esta situación en el período que comprende 2022 a 2027.

El presupuesto será, en 2023, de 39.302 millones de pesos para fortalecer a Carabineros, la PDI, Aduanas, Directemar, la Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería.

El mandatario dijo que el crimen organizado debe trabajarse de manera urgente, porque trae una escalada de violencia en los barrios, penetra en las diferentes esferas de la sociedad, genera corrupción y pérdida de confianza en la democracia.

La política se basa en 10 ejes, donde destacan el fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, la idea de desbaratar la economía del crimen organizado e incautación y lucha contra el lavado de activos; la disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales y la actualización de la legislación sobre tenencias de armas; y el abordaje del crimen organizado en los recintos penitenciarios.

También considera una agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución; la actualización de equipamiento y tecnología de las instituciones; y prevenir la corrupción en instituciones públicas.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que ya se ha avanzado con una serie de medidas que se relacionan con estos ejes y sostuvo que esto va a la par con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, que sigue en construcción con partidos de Gobierno y oposición.

También se refirió al tema el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien afirmó que la institución participó y lo seguirá haciendo activamente de cada una de las medidas.

El diputado socialista y presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, Raúl Leiva, aseguró que es clave esta presentación, porque se entrega la piedra angular para combatir el crimen organizado.

Desde la oposición, el diputado Andrés Jouannet sostuvo que este plan es la muestra de cómo el Ejecutivo perdió -nuevamente- una oportunidad en materia de seguridad.

Para poder evaluar los resultados o avances de la política ya se coordinó y agendó un encuentro para fines de marzo de 2023.