El Gobierno criticó a los gremios empresariales que piden postergar la entrada en vigencia de la norma que obliga a nuevas categorías de servicios a pagar el IVA, a contar de 2023, por la poca anticipación de la solicitud, pese a que la disposición fue aprobada a inicios de este año.
En el comercio, la industria de los eventos y el Colegio de Contadores, señalaron que este gravamen implicará un mayor costo para las y los usuarios, y un desincentivo a la formalización.
Es una cuenta pendiente del Gobierno anterior que junto al Congreso, que entonces tenía una mayoría de quienes hoy están en La Moneda, aprobó una fórmula para financiar la Pensión Garantizada Universal.
Eliminando exenciones tributarias, se pretendía financiar más o menos la mitad de la ampliación de la PGU que propuso el Presidente Sebastián Piñera, en sus últimas semanas de mandato.
Una fórmula que ahora trae dolores de cabeza, por el hecho de que una de las normas debe empezar a regir a contar del 2023, y que tiene que ver con el pago del impuesto al valor agregado, el IVA, en los servicios.
Antes de esta norma, había un listado de qué tipo de actividades tenían que pagar este impuesto. Ahora, se convierte en una regla general, solo con algunas excepciones.
Esas excepciones incluyen servicios educativos, de salud y transporte, pero en su definición más amplia, según el abogado Rodrigo Bustos, de Bustos Tax & Legal, los servicios personales seguirán exentos.
Teniendo ese escenario como regla general, la Cámara Nacional de Comercio levantó la voz, advirtiendo que, entre otras actividades, esto contempla centros de rehabilitación de drogas, cuidado de ancianos, mantención de jardines, seguridad privada en condominios, la mantención de sepulturas o, por ejemplo, gimnasios.
Por eso están pidiendo que esta decisión se postergue. No solamente por el mayor costo que este 19% extra puede significar a los usuarios, sino que también, según la postura del fiscal de la CNC, Sebastián Hurtado, esta decisión es un desincentivo a la formalidad.
Hubo respuesta por parte del Ejecutivo, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel dice que el equipo tributario lo está analizando, pero más allá de postergar, hay que buscar soluciones.
En ese sentido reaccionó molesto, por la estrechez de los plazos.
“Los momentos son lo que son” dijo el recién asumido presidente de la CPC, Ricardo Mewes quien recordó que este tema no es nuevo, y si bien se ha conversado antes era necesaria una declaración pública.
Visión similar al presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Marcos Rivas quien remarcó cuál ha sido su postura en el debate.