El Gobierno presentó un paquete de 28 medidas proinversión, con el que pretende aumentar este componente en un 5% en 2023, a través de incentivos tributarios, acceso a financiamiento y colaboración con el sector privado.
En el empresariado valoraron los anuncios, pero pidieron mayor énfasis en seguridad y correcciones en la Reforma Tributaria.
Era una de las grandes peticiones que habían llegado sobre todo desde el empresariado, y finalmente el Gobierno anuncia un paquete de 28 medidas de estímulo económico, agrupadas en seis ejes, bajo el nombre del plan “Invirtamos en Chile”.
Medidas que apuntan a incentivos tributarios, algunas que mejoran el acceso a financiamiento, inversión pública y también cómo el Estado hace más fácil la aprobación de permisos ambientales.
Ahí enfatizó el mensaje el Presidente Gabriel Boric, quien habló del rol que juega el Estado para torcer las malas proyecciones, facilitando las cosas para el sector privado, siendo más eficientes con alto estándares.
Este plan también tiene una meta central: aumentar la inversión en un 5% el 2023, en circunstancias en que el Banco Central está pronosticando que la FBCF retrocedería un 4,7%.
Es una meta ambiciosa, principalmente enfocada en metas de mediano plazo, tal como explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Respecto a las evaluaciones sobre este paquete de medidas, se dice que apunta en la dirección correcta y tendrá un efecto relevante. Sin embargo, el economista senior del OCEC UDP, Cristóbal Gamboni cree que hubo un gran tema ausente: medidas para reducir la incertidumbre.
Visión similar plantearon en el empresariado, donde se valora en términos generales este paquete, donde uno de los ejes apunta a la colaboración público-privada, revisando proyectos sectoriales y temas como la seguridad pública.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz destacó este esfuerzo de colaboración, mientras que Richard Von Appen, de la Sofofa pidió más énfasis en seguridad.
De hecho, uno de los ejes fuertes del plan tiene que ver con el sector de la construcción. Se pretende aumentar la inversión pública en 10%, pero en particular se plantean dos medidas: reajustar hasta un 90% de los contratos del Estado con empresas que hayan sido afectadas por mayores costos a causa de la inflación.
En segundo lugar, garantía estatal para el 10% en el pie para créditos hipotecarios para viviendas nuevas. Lo que se pretende es dinamizar el sector inmobiliario, aunque Álvaro Acosta de Open BBK cree que no bastará con abordar solo esa arista.