El Gobierno descartó extender el estado de emergencia a las regiones de Los Ríos y Los Lagos, y estaría enfocado en la elaboración del reglamento de la ley de infraestructura crítica.
La oposición criticó esta postura y señaló que el presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Izkia Siches, serán los responsables de los hechos de violencia que se registren en la zona.
Esta vez es el calendario legislativo el que amenaza con volver a tensionar la relación entre el oficialismo y el Ejecutivo, pensando en que una posible renovación del Estado de Emergencia coincide con una semana distrital, y si el Gobierno quiere continuar con esta herramienta, el escenario se debe aclarar a más tardar la próxima semana.
Todo esto asumiendo que el gobierno insista en este camino, pero ya se prepara una alternativa: ayer autoridades sostuvieron el segundo encuentro para definir el reglamento, la línea de mando, las reglas de uso de fuerza y la definición conceptual de la ley de infraestructura crítica.
En todo caso, menor aún era el margen para tomar una decisión sobre la situación de Los Lagos y Los Ríos.
Comunas como Río Bueno, La Unión, Mariquina y Máfil, han registrado un aumento de hechos de violencia este año, según agrupaciones de la zona.
Consultada por una posible extensión del estado de emergencia a ambas regiones, la ministra del Interior, Izkia Siches, lo descartó por ahora y apostó por el reforzamiento del trabajo de Carabineros.
En la oposición señalaron que esta determinación es errada, poco empática, y hasta se dijo que pareciera que el gobierno está esperando que la situación se radicalice, en vez de actuar preventivamente con el despliegue de militares.
El diputado de la UDI por la Región de Los Lagos, Daniel Lilayu, afirmó que se debe contener ese foco de violencia y evitar que se siga expandiendo en la llamada Macrozona Sur.
Lilayu dijo que hará personalmente responsable a Gabriel Boric e Izkia Siches, de todo lo que pase en la región de aquí en adelante.
Fuentes en el Congreso aseguran que la viabilidad política de sumar regiones al decreto presidencial, podría poner en una posición aún más difícil al Partido Comunista y al Frente Amplio.
Esto porque ya han surgido voces de este sector que piden que no se renueve más el Estado de Emergencia actual, que conviven con otros que consideran que la herramienta de Infraestructura Crítica es aún peor.
El diputado comunista Boris Barrera, afirmó que solo cuando el reglamento de la reforma esté finalizado, podrán definir una posición, y sostuvo que pese a que ellos están por desmilitarizar el sur, el rol que les tocará jugar depende al final de la evaluación del gobierno.
Este jueves conocimos declaraciones desde Apruebo Dignidad que calificaron como prematuro militarizar dos regiones más, y la sensación general del bloque es que no se puede pretender solucionar todos los focos de violencia con esta medida.
Sin embargo, pese a que en la centro izquierda el gobierno puede encontrar respaldo en esta posición, sí piden que no haya inacción, y que sean efectivos los aumentos de despliegue policial.
Esto lo dijo el independiente del PPD por Los Lagos, Héctor Ulloa.
El gobierno se estaría quedando sin espacio para extender el Estado de Emergencia, a medida que el oficialismo pide que se termine, y la derecha presiona para que sea más robusto.
Entremedio está el esfuerzo por modelar el reglamento de Infraestructura Crítica, para que sea útil en reemplazar el mecanismo, permitiendo que no se vuelva a consultar a los parlamentarios al menos hasta el plebiscito de salida.
Para eso el factor tiempo es la clave: Como se entiende que la resistencia para sesionar en semana distrital por un tema que incomoda es aún mayor, de aquí a comienzas de la próxima semana Interior debe tener claridad sobre qué camino usar, y activar el diálogo con su bloque para justificarlo.