La comisión mixta aprobó y despachó al Senado el proyecto de infraestructura crítica, terminando con dos años de estancamiento de la iniciativa que permite que militares resguarden una serie de recintos públicos y privados.
Tuvieron que pasar casi dos años para que la Comisión Mixta del proyecto de Infraestructura Crítica despachara el proyecto a la sala del Senado, luego de que fuera rechazado por la Cámara de Diputadas y Diputados el 9 de septiembre del 2020.
La iniciativa de Reforma Constitucional, que es una moción de los senadores Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh, busca modificar el artículo 32 de la actual Constitución Política: Cuando exista ‘peligro grave e inminente para la infraestructura crítica del país’, el Presidente pueda decretar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su protección.
El gobierno estuvo ausente de la instancia, pese a que fue llamado por el socialismo democrático a asistir. La posición es de mirar el avance del proyecto, pero insistir en que el Congreso debería esperar al plebiscito de salida del 4 de septiembre, para convertir en ley esta materia, porque de lo contrario podría ser ‘un esfuerzo perdido’.
Esto lo dijo en su momento el ministro de la SEGPRES, Giorgio Jackson, quien este miércoles reiteró que es la única forma de que el proyecto rija en ambos órdenes constitucionales.
Pero lo cierto es que el ejecutivo no pudo hacer mucho ante el amplio acuerdo que generó la propuesta. La UDI, Renovación Nacional, el PPD, el Partido Socialista y la DC la aprobaron.
Por estos días, casi todos los temas legislativos se cruzan con la nueva constitución, y no bastó que la Democracia Cristiana estuviera envuelta en la controversia por la presentación de una reforma para que el quórum de reforma de la carta magna actual baje a los 4/7.
Ahora fue el Presidente de la Comisión de Infraestructura Crítica, Matías Walker, quien relacionó esta herramienta con la posible aprobación de la nueva Constitución, recordando, además, que el estado de emergencia no fue considerado para el borrador, pese a que se incluyó un escenario similar.
La Comisión Mixta llegó a una propuesta de acuerdo que por infraestructura crítica se entiende la indispensable para la distribución de servicios e insumos básicos, la infraestructura vial, aérea, terrestre, marítima y ferroviaria, y los de utilidad pública como colegios y hospitales.
Pero además removió de la propuesta mención alguna al rol de inteligencia. El proyecto original indicaba que recomendado por instituciones de inteligencia, el Presidente podía actuar.
El diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, fue lapidario: No podía estar contenido porque actualmente la inteligencia en Chile, no es capaz de adelantarse a nada.
La oposición celebró el resultado, pero no dejó pasar la oportunidad de recordar que fue el propio gobierno el que citó a la instancia, y después la abandonó. Iba a hacer el ‘cascarón’ de una propuesta de Estado Intermedio, pero diferencias internas en la coalición de gobierno motivaron la vigencia del actual Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, de tipo ‘acotado’, en la macrozona sur.
Esto lo planteó el integrante de la comisión y jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton.
El proyecto vuelve al Senado, y en él, Apruebo Dignidad está teniendo una relación tensa con el resto de la centro izquierda. De hecho, la senadora Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista Verde Social, acusó una estrategia concertada para cuestionar la propuesta de nueva constitución, a través de este proyecto.
El despliegue militar por decreto presidencial durará 30 días, y podrá ser renovado por otros 30 con la venia del Congreso Nacional. En ambas situaciones, la propuesta contiene que el ejecutivo deberá informar al poder legislativa los efectos y consecuencias del resguardo militar de los establecimientos.
Una diferencia que el proyecto mantiene como diferencia con los Estados de Excepción Constitucional, es que no restringe, limita o afecta los derechos y garantías de las personas, y deberá funcionar en línea con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.
Actualmente, no se ven claros los caminos para que este proyecto pueda tener un mecanismo que le permita operar en ambos escenarios: El del apruebo, y el del rechazo. Es por esto que el llamado de Walker a la ciudadanía cobra relevancia, y es observado en un sector del oficialismo como una propuesta ‘de amarre’ a la actual constitución.