El Partido Republicano anunció que elaborará una acusación constitucional contra Izkia Siches

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El Estado de Excepción Constitucional de Emergencia ya comenzó a regir en la denominada Macrozona Sur.

En el Partido Comunista respaldaron el uso acotado de la herramienta, mientras que legisladores de la UDI presentaron un proyecto para aumentar atribuciones de gobernadores y alcaldes en materia de querellas.

En el Partido Republicano, en tanto, anunciaron una acusación constitucional que incomodó a la oposición, y fue criticada por falta de argumentos.

Desde el anuncio de la ministra del Interior, Izkia Siches, pasaron cerca de 20 horas para que el decreto del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para la Aracaunía y las provincias del Biobío y Arauco fuera enviado y despachado por Contraloría, y publicado en el Diario Oficial, permitiendo el inicio del despliegue militar al que tanto se había opuesto el gobierno de Gabriel Boric.

El término acotado se utilizó muchas veces en la Cámara de Diputadas y Diputados, y se convirtió en un punto de tensión sobre en qué se diferenciaba de cuando se aplicó en la administración de Sebastián Piñera.

Basta comparar para ver dos diferencias centrales: La primera, en el punto 6 de las facultades de las fuerzas militares, es agregar que su instrucción es respetar los Derechos Humanos en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza.

El segundo es una omisión que ocurre en el primer punto. Los decretos del gobierno anterior contenían la frase “No podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autónoma y directa”. Este elemento no aparece explicitado en el nuevo decreto, dejando abierta la posibilidad de que militares tengan esa facultad.

Este anuncio trajo consecuencias para la propuesta de Estado Intermedio. A juicio del Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, dejar atrás un camino que generó división en las coaliciones de gobierno, fue la salida más realista.

En la oposición no gusta que el uso de efectivos militares sea acotado a ciertas rutas y territorios, y aseguran que la complejidad de los hechos de violencia dejará al Estado de Excepción de Emergencia como una herramienta insuficiente.

En parte por esto, senadores de la UDI presentaron un proyecto de ley, para permitir a gobernadores y alcaldes querellarse por la ley de seguridad del Estado, además de tipificar el delito de la resistencia armada y la declaración de territorios autónomos.

El jefe de bancada, Iván Moreira, dijo que ningún camino acotado va a funcionar.

El martes el Partido Comunista fue duramente criticado por parlamentarios de diversos sectores que responsabilizaron a la colectividad de que el gobierno no insistiera con la reforma constitucional de Estado Intermedio, y en la derecha plantearon que este camino fue pauteado por el PC.

La jefa de bancada, Karol Cariola, detalló las dudas que le plantearon al ejecutivo por el despliegue y las facultades de las fuerzas armadas.

Cariola dijo que respaldan el camino acotado y sostuvo que ya comienza una evaluación del funcionamiento de la declaratoria, con miras a una posible renovación.

Ayer la bancada del Partido Republicano vivió minutos de división interna y poca claridad en un mensaje, cuando anunció que van a elaborar una Acusación Constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches.

Los argumentos jurídicos aún no están definidos y la bancada retrasó media hora el anuncio por una reunión de emergencia, en donde tuvo que votar, contando con la oposición -según trascendió- de su propio jefe de bancada, Cristobal Urruticoechea.

Pese a esto, aseguró que el equipo legislativo del partido buscará fundamentar el libelo acusatorio.

La declaración de Estado de Emergencia dejó otro problema: La Comisión de Infraestructura Crítica quedó conformada, pero sin razón de legislar.

Al menos eso se creía hasta el martes en la tarde, cuando el senador DC y Presidente de la instancia, Matías Walker, anunció que hoy a las 3 de la tarde van a sesionar y se estudia dar avance a la moción parlamentaria presentada hace 3 años en el Senado.

La Comisión Mixta invitó al gobierno este miércoles, para conversar y ver si existe la posibilidad de que patrocinen la propuesta, que plantea el despliegue de fuerzas militares de manera permanente, cada vez que se pongan en peligro infraestructura crítica de servicios básicos, salud o educación.

Fue un día de críticas, de división en la extrema derecha por la acusación contra la ministra Siches, y de un flanco abierto por el propio gobierno en la comisión mixta, que senadores y diputados están dispuestos a explorar mientras el estado de emergencia, entró hoy en rigor.

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El Estado de Excepción Constitucional de Emergencia ya comenzó a regir en la denominada Macrozona Sur.

En el Partido Comunista respaldaron el uso acotado de la herramienta, mientras que legisladores de la UDI presentaron un proyecto para aumentar atribuciones de gobernadores y alcaldes en materia de querellas.

En el Partido Republicano, en tanto, anunciaron una acusación constitucional que incomodó a la oposición, y fue criticada por falta de argumentos.

Desde el anuncio de la ministra del Interior, Izkia Siches, pasaron cerca de 20 horas para que el decreto del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para la Aracaunía y las provincias del Biobío y Arauco fuera enviado y despachado por Contraloría, y publicado en el Diario Oficial, permitiendo el inicio del despliegue militar al que tanto se había opuesto el gobierno de Gabriel Boric.

El término acotado se utilizó muchas veces en la Cámara de Diputadas y Diputados, y se convirtió en un punto de tensión sobre en qué se diferenciaba de cuando se aplicó en la administración de Sebastián Piñera.

Basta comparar para ver dos diferencias centrales: La primera, en el punto 6 de las facultades de las fuerzas militares, es agregar que su instrucción es respetar los Derechos Humanos en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza.

El segundo es una omisión que ocurre en el primer punto. Los decretos del gobierno anterior contenían la frase “No podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autónoma y directa”. Este elemento no aparece explicitado en el nuevo decreto, dejando abierta la posibilidad de que militares tengan esa facultad.

Este anuncio trajo consecuencias para la propuesta de Estado Intermedio. A juicio del Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, dejar atrás un camino que generó división en las coaliciones de gobierno, fue la salida más realista.

En la oposición no gusta que el uso de efectivos militares sea acotado a ciertas rutas y territorios, y aseguran que la complejidad de los hechos de violencia dejará al Estado de Excepción de Emergencia como una herramienta insuficiente.

En parte por esto, senadores de la UDI presentaron un proyecto de ley, para permitir a gobernadores y alcaldes querellarse por la ley de seguridad del Estado, además de tipificar el delito de la resistencia armada y la declaración de territorios autónomos.

El jefe de bancada, Iván Moreira, dijo que ningún camino acotado va a funcionar.

El martes el Partido Comunista fue duramente criticado por parlamentarios de diversos sectores que responsabilizaron a la colectividad de que el gobierno no insistiera con la reforma constitucional de Estado Intermedio, y en la derecha plantearon que este camino fue pauteado por el PC.

La jefa de bancada, Karol Cariola, detalló las dudas que le plantearon al ejecutivo por el despliegue y las facultades de las fuerzas armadas.

Cariola dijo que respaldan el camino acotado y sostuvo que ya comienza una evaluación del funcionamiento de la declaratoria, con miras a una posible renovación.

Ayer la bancada del Partido Republicano vivió minutos de división interna y poca claridad en un mensaje, cuando anunció que van a elaborar una Acusación Constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches.

Los argumentos jurídicos aún no están definidos y la bancada retrasó media hora el anuncio por una reunión de emergencia, en donde tuvo que votar, contando con la oposición -según trascendió- de su propio jefe de bancada, Cristobal Urruticoechea.

Pese a esto, aseguró que el equipo legislativo del partido buscará fundamentar el libelo acusatorio.

La declaración de Estado de Emergencia dejó otro problema: La Comisión de Infraestructura Crítica quedó conformada, pero sin razón de legislar.

Al menos eso se creía hasta el martes en la tarde, cuando el senador DC y Presidente de la instancia, Matías Walker, anunció que hoy a las 3 de la tarde van a sesionar y se estudia dar avance a la moción parlamentaria presentada hace 3 años en el Senado.

La Comisión Mixta invitó al gobierno este miércoles, para conversar y ver si existe la posibilidad de que patrocinen la propuesta, que plantea el despliegue de fuerzas militares de manera permanente, cada vez que se pongan en peligro infraestructura crítica de servicios básicos, salud o educación.

Fue un día de críticas, de división en la extrema derecha por la acusación contra la ministra Siches, y de un flanco abierto por el propio gobierno en la comisión mixta, que senadores y diputados están dispuestos a explorar mientras el estado de emergencia, entró hoy en rigor.

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