Constituyentes coincidieron en que el Gobierno debe ser parte de forma técnica y no política

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Anoche finalizó el plazo para conformar la comisión de normas transitorias de la Convención, instancia que será fundamental para la eventual implementación de la Nueva Constitución.

Constituyentes de distintos sectores coincidieron en que el Gobierno debe ser parte del proceso, aunque exigieron que cumpla un rol técnico y no político.

La Comisión de Sistema de Justicia, en tanto, aprobó y envió al pleno una norma sobre el procedimiento para futuras reformas a la Carta Magna, y que incorporar un referéndum ratificatorio.

Cristián Monckeberg, Constanza Hube, Jaime Bassa, Constanza Schonhaut, Fuad Chaín, Marcos Barraza, entre otros, son algunos de los y las constituyentes que integrarán la comisión de Normas Transitorias, la cual tiene un papel muy importante en la implementación de la nueva Carta Magna.

La función principal de esta instancia es darle temporalidad a las normas que sean aprobadas en el órgano constituyente, por ejemplo, determinar cuándo comenzarán a regir artículos como la reelección del presidente de la República, o cómo se implementarán las instituciones y organismos que sean aprobados por el Pleno.

En el Gobierno han manifestado sus intenciones de incidir en este proceso, situación que corroboró el propio ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien adelantó que estarán a disposición de colaborar con observaciones.

La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, señaló que, si bien pueden opinar, deben respetar la autonomía del órgano constituyente.

Convencionales de la colación oficialista coincidieron en que el ejecutivo debe participar en el proceso de las normas transitorias, sin embargo, señalaron que se deben limitar a cumplir con un rol más bien técnico.

Así lo advirtió el constituyente y exvicepresidente de la Convención, Jaime Bassa.

Cristián Monckeberg, constituyente de Renovación Nacional también se mostró a favor de que el Gobierno participe de esta instancia.

Asimismo coincidió con que deben aportar desde el punto de vista técnico, y agregó que el ejecutivo tiene una gran responsabilidad en el proceso.

En otro ámbito, la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención aprobó una norma que establece los criterios para llevar a cabo una Reforma Constitucional.

Se podrá presentar a través de un mensaje presidencial, por parte de parlamentarios, o a través de iniciativas populares de normas.

Otro punto que se incluyó en la propuesta, es que se puede convocar a un plebiscito revocatorio, cuando se impulsen reformas a materias referidas a Sistema Político, Formas de Estado, Principios, Derechos Fundamentales y reforma y reemplazo de la Constitución.

Desde Vamos por Chile criticaron esta norma argumentando que continuarán las trabas para ejecutar reformas constitucionales.

Así lo afirmó la constituyente Carlo Bown, quien criticó el contenido del informe despachado por la comisión.

También se aprobó que, con firmas equivalentes al 20% del padrón electoral, la ciudadanía, el presidente y el Congreso podrán convocar a un plebiscito para implementar una Asamblea Constituyente que remplace la Constitución.

Respecto a la comisión de Normas Transitorias, esta comenzaría a funcionar a partir del 17 de mayo.

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Anoche finalizó el plazo para conformar la comisión de normas transitorias de la Convención, instancia que será fundamental para la eventual implementación de la Nueva Constitución.

Constituyentes de distintos sectores coincidieron en que el Gobierno debe ser parte del proceso, aunque exigieron que cumpla un rol técnico y no político.

La Comisión de Sistema de Justicia, en tanto, aprobó y envió al pleno una norma sobre el procedimiento para futuras reformas a la Carta Magna, y que incorporar un referéndum ratificatorio.

Cristián Monckeberg, Constanza Hube, Jaime Bassa, Constanza Schonhaut, Fuad Chaín, Marcos Barraza, entre otros, son algunos de los y las constituyentes que integrarán la comisión de Normas Transitorias, la cual tiene un papel muy importante en la implementación de la nueva Carta Magna.

La función principal de esta instancia es darle temporalidad a las normas que sean aprobadas en el órgano constituyente, por ejemplo, determinar cuándo comenzarán a regir artículos como la reelección del presidente de la República, o cómo se implementarán las instituciones y organismos que sean aprobados por el Pleno.

En el Gobierno han manifestado sus intenciones de incidir en este proceso, situación que corroboró el propio ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien adelantó que estarán a disposición de colaborar con observaciones.

La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, señaló que, si bien pueden opinar, deben respetar la autonomía del órgano constituyente.

Convencionales de la colación oficialista coincidieron en que el ejecutivo debe participar en el proceso de las normas transitorias, sin embargo, señalaron que se deben limitar a cumplir con un rol más bien técnico.

Así lo advirtió el constituyente y exvicepresidente de la Convención, Jaime Bassa.

Cristián Monckeberg, constituyente de Renovación Nacional también se mostró a favor de que el Gobierno participe de esta instancia.

Asimismo coincidió con que deben aportar desde el punto de vista técnico, y agregó que el ejecutivo tiene una gran responsabilidad en el proceso.

En otro ámbito, la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención aprobó una norma que establece los criterios para llevar a cabo una Reforma Constitucional.

Se podrá presentar a través de un mensaje presidencial, por parte de parlamentarios, o a través de iniciativas populares de normas.

Otro punto que se incluyó en la propuesta, es que se puede convocar a un plebiscito revocatorio, cuando se impulsen reformas a materias referidas a Sistema Político, Formas de Estado, Principios, Derechos Fundamentales y reforma y reemplazo de la Constitución.

Desde Vamos por Chile criticaron esta norma argumentando que continuarán las trabas para ejecutar reformas constitucionales.

Así lo afirmó la constituyente Carlo Bown, quien criticó el contenido del informe despachado por la comisión.

También se aprobó que, con firmas equivalentes al 20% del padrón electoral, la ciudadanía, el presidente y el Congreso podrán convocar a un plebiscito para implementar una Asamblea Constituyente que remplace la Constitución.

Respecto a la comisión de Normas Transitorias, esta comenzaría a funcionar a partir del 17 de mayo.