El próximo lunes comenzará la votación en particular del Proyecto de indulto a presos del estallido

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El próximo lunes, en la comisión de Constitución del Senado, comenzará la votación en particular del proyecto que otorga un indulto a personas detenidas durante el estallido social.

Y lo hará con el debate abierto sobre el número de beneficiados, la tensión entre la corporación y el Gobierno entrante, por los plazos de tramitación; y el quórum que tendrá que sortear la iniciativa cuando llegue a sala.

Ingresado hace 13 meses, el proyecto que concede un indulto a personas detenidas durante el estallido social enfrentará -el próximo lunes, en la comisión de Constitución del Senado- su votación en particular.

Y lo hará con muchas de las mismas dudas que existían en diciembre de 2020. Actualmente, hay al menos tres catastros distintos sobre quienes podrían recibir el beneficio, también calificada como amnistía por algunos.

Las familias de los detenidos, que acusan faltas al debido proceso y un uso abusivo de la prisión preventiva, hablan de más de 800 personas que han sido enjuiciadas, condenadas o que están actualmente con alguna medida cautelar por delitos supuestamente cometidos en la revuelta. Gendarmería precisó que son 144 quienes están en prisión preventiva, y si se considera la información del Ministerio Público, esa cifra vuelve a cambiar.

Desde octubre, el equipo jurídico de la presidenta del Senado, Ximena Rincón, de la DC, hizo suya la misión de llegar a la cifra exacta. El domingo pasado ofició al mandamás de la Corte Suprema, Guillermo Silva, a Gendarmería y al propio mandatario Sebastián Piñera.

La institución carcelaria respondió y la conclusión de la legisladora fue que “existen presos del estallido social, con prisión preventiva, que ya habrían cumplido la pena”.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, valoró la acción de la senadora por el Maule, y dijo que es el primer paso para esclarecer las causas y terminar con la prisión preventiva como una forma de condena anticipada.

Al senador Pedro Araya le toca nuevamente el rol de llegar a una solución. Al igual que en la tramitación del cuarto retiro, mucho se ha especulado del por qué la comisión de Constitución detuvo -por buena parte de la segunda mitad de 2020- el proyecto.

Araya se defendió y planteó que para algunas indicaciones, que involucran redefinir criterios en estos casos del sistema de Justicia, se necesita un quórum con votos de derecha, y que no tiene sentido despachar el texto del comité “sin darle viabilidad”.

Prueba de esto es la postura inamovible de la senadora UDI, Luz Ebersperger. No solo ha planteado desde el principio que es un mal proyecto en lo técnico, sino que asegura que las verdaderas víctimas son los dueños de pymes que sufrieron robos y vandalización.

Ebersperger entró al debate de las declaraciones del presidente electo, Gabriel Boric, y afirmó que mientras sea un proyecto, la facultad de tramitarlo reside en el presidente del comité, Pedro Araya. De paso, la legisladora llamó al futuro mandatario a usar el indulto presidencial para dar salida al conflicto.

Como una verdadera representante de las familias aparece la senadora independiente por la Región Metropolitana, Fabiola Campillai, una de las víctimas de la represión del estallido.

De visita en el Congreso para reunirse con la bancada de Apruebo Dignidad, a la que pasará a unirse administrativamente, la legisladora electa pidió al Senado ponerse de acuerdo y aprobar el indulto.

Campillai habló del trauma de las familias y de las personas detenidas, y aseguró que algunas de ellas han sido torturados en las cárceles del país.

El Gobierno señaló ayer que no se va a involucrar en el trabajo que realiza Gabriel Boric como presidente electo, justo el día en que el todavía diputado por Magallanes se reunió con familiares de víctimas de delitos como homicidios.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respaldó la posición de la Corte Suprema, al señalar que el proyecto de indulto amenaza la independencia de los poderes del Estado.

Esta semana se cumple el plazo final para el ingreso de indicaciones, y la comisión espera poder comenzar la votación teniendo al menos a la mano el último catastro disponible del Ministerio Público, que debiese se entregado al comité por estos días.

La aprobación no está en cuestionamiento, ya que se espera que Francisco Huenchumilla, Alfonso de Urresti y Pedro Araya le den su respaldo; el problema de fondo es la búsqueda de un acuerdo político que destrabe el trámite, y que el texto tenga posibilidades de ser aprobado en sala.

De lo contrario, el proyecto del indulto corre el riesgo de ser archivado como causa, sin posibilidad de renovar la idea matriz de la iniciativa por al menos un año.

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El próximo lunes, en la comisión de Constitución del Senado, comenzará la votación en particular del proyecto que otorga un indulto a personas detenidas durante el estallido social.

Y lo hará con el debate abierto sobre el número de beneficiados, la tensión entre la corporación y el Gobierno entrante, por los plazos de tramitación; y el quórum que tendrá que sortear la iniciativa cuando llegue a sala.

Ingresado hace 13 meses, el proyecto que concede un indulto a personas detenidas durante el estallido social enfrentará -el próximo lunes, en la comisión de Constitución del Senado- su votación en particular.

Y lo hará con muchas de las mismas dudas que existían en diciembre de 2020. Actualmente, hay al menos tres catastros distintos sobre quienes podrían recibir el beneficio, también calificada como amnistía por algunos.

Las familias de los detenidos, que acusan faltas al debido proceso y un uso abusivo de la prisión preventiva, hablan de más de 800 personas que han sido enjuiciadas, condenadas o que están actualmente con alguna medida cautelar por delitos supuestamente cometidos en la revuelta. Gendarmería precisó que son 144 quienes están en prisión preventiva, y si se considera la información del Ministerio Público, esa cifra vuelve a cambiar.

Desde octubre, el equipo jurídico de la presidenta del Senado, Ximena Rincón, de la DC, hizo suya la misión de llegar a la cifra exacta. El domingo pasado ofició al mandamás de la Corte Suprema, Guillermo Silva, a Gendarmería y al propio mandatario Sebastián Piñera.

La institución carcelaria respondió y la conclusión de la legisladora fue que “existen presos del estallido social, con prisión preventiva, que ya habrían cumplido la pena”.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, valoró la acción de la senadora por el Maule, y dijo que es el primer paso para esclarecer las causas y terminar con la prisión preventiva como una forma de condena anticipada.

Al senador Pedro Araya le toca nuevamente el rol de llegar a una solución. Al igual que en la tramitación del cuarto retiro, mucho se ha especulado del por qué la comisión de Constitución detuvo -por buena parte de la segunda mitad de 2020- el proyecto.

Araya se defendió y planteó que para algunas indicaciones, que involucran redefinir criterios en estos casos del sistema de Justicia, se necesita un quórum con votos de derecha, y que no tiene sentido despachar el texto del comité “sin darle viabilidad”.

Prueba de esto es la postura inamovible de la senadora UDI, Luz Ebersperger. No solo ha planteado desde el principio que es un mal proyecto en lo técnico, sino que asegura que las verdaderas víctimas son los dueños de pymes que sufrieron robos y vandalización.

Ebersperger entró al debate de las declaraciones del presidente electo, Gabriel Boric, y afirmó que mientras sea un proyecto, la facultad de tramitarlo reside en el presidente del comité, Pedro Araya. De paso, la legisladora llamó al futuro mandatario a usar el indulto presidencial para dar salida al conflicto.

Como una verdadera representante de las familias aparece la senadora independiente por la Región Metropolitana, Fabiola Campillai, una de las víctimas de la represión del estallido.

De visita en el Congreso para reunirse con la bancada de Apruebo Dignidad, a la que pasará a unirse administrativamente, la legisladora electa pidió al Senado ponerse de acuerdo y aprobar el indulto.

Campillai habló del trauma de las familias y de las personas detenidas, y aseguró que algunas de ellas han sido torturados en las cárceles del país.

El Gobierno señaló ayer que no se va a involucrar en el trabajo que realiza Gabriel Boric como presidente electo, justo el día en que el todavía diputado por Magallanes se reunió con familiares de víctimas de delitos como homicidios.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respaldó la posición de la Corte Suprema, al señalar que el proyecto de indulto amenaza la independencia de los poderes del Estado.

Esta semana se cumple el plazo final para el ingreso de indicaciones, y la comisión espera poder comenzar la votación teniendo al menos a la mano el último catastro disponible del Ministerio Público, que debiese se entregado al comité por estos días.

La aprobación no está en cuestionamiento, ya que se espera que Francisco Huenchumilla, Alfonso de Urresti y Pedro Araya le den su respaldo; el problema de fondo es la búsqueda de un acuerdo político que destrabe el trámite, y que el texto tenga posibilidades de ser aprobado en sala.

De lo contrario, el proyecto del indulto corre el riesgo de ser archivado como causa, sin posibilidad de renovar la idea matriz de la iniciativa por al menos un año.

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