El gobierno se comprometió a resolver parte de las preocupaciones del equipo del presidente electo, Gabriel Boric, sobre el proceso de licitación para explotar hasta 400 mil toneladas de litio, en el norte de Chile.
El gobierno entrante pidió abordar la extracción del mineral como una “política de Estado”, mientras que La Moneda señaló que la adjudicación es compatible con las propuestas de la futura administración.
La polémica y los cuestionamientos sobre la licitación para explotar las 400 mil toneladas de litio que está impulsando el Gobierno está lejos de terminar, y eso se puede desprender de las reuniones de ayer.
Poco más de una hora duró el encuentro entre los equipos del Ministerio de Minería y el comando del presidente electo, Gabriel Boric; una instancia que se estaba esperando para ver cómo avanzar.
Ambas partes reconocen que el diálogo fue frontal, fue fructífero, pero en la práctica no hubo ningún acuerdo, más allá del compromiso de La Moneda de acoger las preocupaciones del gobierno entrante.
¿Cuáles son las preocupaciones? Las detalló Izkia Siches, quien en particular sobre esta licitación dice que faltó participación ciudadana, diálogo con las comunidades, pero recalcó que lo que buscan es establecer una Mesa Nacional del Litio donde también se incorpore la visión de más largo plazo sobre la explotación de este mineral.
Izkia Siches enfatizó algunos puntos que, en esta materia, están en el programa de Gabriel Boric, como sumar valor agregado al extractivismo, y sobre todo la creación de la Empresa Nacional del Litio.
Este es un tema que ya forma parte de la discusión, y el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet recalcó que la concesión que hoy está sobre la mesa, en cuanto a la magnitud de las reservas que están en juego, es absolutamente compatible con estas políticas.
Una cosa que en ambos bandos han reconocido es que es importante comenzar a impulsar esta industria, más allá de las diferencias políticas. Se mencionó también que la imagen internacional está en juego.
Sin embargo, en el Congreso hay visiones algo más duras en esta materia. Se han presentado acciones penales, y también proyectos de ley para frenar la iniciativa. Una de ellas es la del PC, que pretende suspender este concurso hasta que se escriba la nueva Constitución.
La diputada Karol Cariola fue bastante más dura que el equipo negociador de Gabriel Boric en esta materia.
Otra mirada legislativa la planteó la bancada DC, que pretende prohibir que se abran estos procesos tres meses antes de un traspaso de Gobierno, tal como explican Gabriel Ascencio y Gabriel Silber.
Esta jornada podría ser clave porque el proceso sigue avanzando y, según los plazos establecidos, hoy, el Ministerio de Minería debería recibir la propuesta del Comité Especial de Licitación, para el 14 de enero dar a conocer las empresas ganadoras.