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El Gobierno descartó los dichos de la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, quien acusó que no existe colaboración del Ejecutivo y el poder Legislativo para realizar el proceso de participación y consulta indígena.
En La Moneda aseguraron que la mesa del organismo no ha solicitado formalmente los recursos, y el tema mantiene bajo tensión a los pueblos originarios.
La convencional mapuche Natividad Llanquileo, señaló que la constituyente no puede eludir su responsabilidad, y advirtió que -de verse realmente en riesgo la consulta- se podría judicializar el proceso.
“Está en riesgo la participación y consulta indígena”. Esas fueron las palabras que la presidenta de la Convención Elisa Loncon entregó durante la mañana de ayer.
Ese mismo día, seis de diciembre -según el cronograma- debía realizarse la primera jornada de esta deliberación interna de los pueblos originarios. El proceso debe durar unos dos meses, y busca entregar insumos a la redacción de la propuesta de nueva Constitución para Chile.
Pero existieron obstáculos que ralentizaron el proceso, que precisamente no están enfocados en los recursos.
¿Qué ralentizó la discusión? el debate de los escaños reservados, según aseguran fuentes de la Convención.
La Comisión de derechos de los pueblos indígenas, debía ponerse de acuerdo para votar, antes del 22 de noviembre, un documento base que orientaba los lineamientos de la consulta indígena.
Durante las últimas semanas no lograron consensuar posturas y ayer en la tarde, finalmente, lograron votar una de las indicaciones al documento.
Frente a la falta de certezas de la realización de la consulta, la presidenta de la Convención Elisa Loncon señaló que “no se tiene la colaboración de los poderes constituídos” en términos de recurso, lo que fue descartado por el subsecretario de la Segpres Máximo Pavez.
Luego, la presidenta de la Convención Elisa Loncon señaló que sí se han mantenido conversaciones con el Gobierno, pero con el ministerio de Desarrollo Social, que no cuenta con la facultad para destinar recursos en este caso específico.
De hecho en la sesión de comisión, aseguró que en agosto, se reunieron con la ministra Karla Rubilar, y ésta les habría dicho que desde esa cartera no existían recursos para financiar la consulta.
Consultada por estas críticas cruzadas, Loncon matizó el tono. Sin reconocer concretamente que no se había realizado una solicitud formal de recursos, indicó que el rol para conversar con el Ejecutivo lo tiene la secretaría de participación y consulta indígena.
En medio de esta nebulosa, es que hay convencionales que mostraron abiertamente su malestar con la conducción que ha tenido la mesa en esta materia.
La convencional mapuche Natividad Llanquileo señaló que le pareció apresurado hablar de que el proceso está en “riesgo”. Sostuvo que la Convención no puede eludir la responsabilidad de viabilizar el proceso, y no descartó concurrir a instancias judiciales.
Se espera que cuando se despache este texto base, se abra el proceso para que se realice la consulta indígena, a contrarreloj a propósito de esta fractura en los pueblos indígenas.
La secretaría de participaicón indígena debería hacer las gestiones para que se liberen estos recursos, que podrían sobrepasar los mil millones de pesos. Incluso podría bordear los tres mil millones.