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Una gran polémica se ha generado por los 56 decretos del Ministerio de Justicia que otorgan rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Ante esto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, planteó su rechazo a esta medida.

En conversación con Podría Ser Peor, Quesille afirmó que la Defensoría ya solicitó los antecedentes al Ministerio de Justicia para aclarar el contexto de esta medida.

Sostuvo que estas decisiones no se condicen con las señales que el Estado ha dado en protección de la niñez frente a la violencia sexual.

Además, calificó la decisión como “preocupante”, ya que, según explicó, por un lado “se están dando señales a los adolescentes que cometan delitos; que hay que castigarlos de manera más dura” y, por otra parte, indicó que “estamos generando un escenario donde se favorece a personas que han cometido los delitos más grandes contra niños, niñas y adolescentes”.

También explicó que la ley 21.421, de 2022, prohibió beneficios a condenados por delitos contra niños, pero hubo controversia respecto de los delitos cometidos antes de su vigencia.

Según dijo, el ministro Larraín, durante el segundo gobierno del presidente Piñera, fijó el criterio de no otorgar beneficios, y los ministros del gobierno anterior lo mantuvieron.

Por lo anterior, los abogados de los condenados recurrían a los tribunales, que decidían caso a caso.

Ahora, a su juicio, ese criterio se revierte al aplicar la ley sin pasar por los tribunales. Advirtió que la mayoría de estos delitos ocurre en contextos familiares, por lo que la medida podría llevar a que condenados vuelvan a relacionarse con sus víctimas:

“Vamos a hacer que muchas personas que cometieron delito y que fueron condenadas vuelvan a relacionarse con quienes fueron víctimas, produciendo un daño que incluso podría ser irreparable”, afirmó.

Las cifras y las acciones de la Defensoría

Quesille indicó que el año pasado ingresaron diariamente 80 denuncias por abuso sexual y 17 por violación contra niños, niñas y adolescentes.

Agregó que cerca del 80% de las denuncias de delitos sexuales que recibe el Ministerio Público corresponde a violencia sexual contra menores.

Respecto de si la decisión puede revertirse, señaló que cualquier beneficio en el cumplimiento de una pena debe ser firmado por el presidente de la República. Con los antecedentes en mano, la Defensoría hará las diligencias a su alcance para llamar al Ejecutivo a reconsiderar la medida.

Hizo además un llamado a despolitizar la discusión:

“Esta discusión no tiene que ver con el ataque a un gobierno de turno, ni con el ataque a un sector político determinado. Esto tiene que ver con un compromiso que como sociedad tenemos que avanzar”, concluyó.