Ética y transparencia de BioBioChile
Contraloría detectó que 164 personas contratadas en servicios públicos estaban inhabilitadas para trabajar con menores de edad.
El informe da cuenta de 35 casos en 33 personas que, pese a estar impedidas legalmente, ejercían funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes.
La mayoría de los casos involucra a municipios, servicios locales de educación pública, servicios de salud y hospitales.
En Podría Ser Otra Cosa conversamos con Marcelo Abarca, subdirector de Operaciones Sociales de la Fundación Ciudad del Niño, quien valoró la fiscalización de Contraloría.
Además, recalcó que, en protección especializada, la revisión de inhabilidades es un requisito intransable.
“Para nosotros lo más importante es el bienestar de los niños”, afirmó Abarca.
El subdirector explicó que trabajan con menores que han vivido situaciones de maltrato, abuso sexual y vulneración grave de derechos.
Lo que exige procesos estrictos de selección, fiscalización y actualización semestral de antecedentes.
Abarca advirtió que estas falencias representan un riesgo directo para los menores.
Ya que permiten que personas inhabilitadas mantengan contacto con niños en contextos sensibles.
“No cualquier persona puede tener contacto con los niños”, enfatizó Abarca, subrayando que este tipo de incumplimientos puede afectar gravemente su bienestar y seguridad.
La Contraloría instruyó el cese inmediato de estas funciones y el inicio de sumarios administrativos.
Además de la aplicación de medidas urgentes para evitar que los menores sigan expuestos a situaciones de riesgo.
