Vocero de Repartidores por fiscalizaciones a motociclistas: "Lo vemos más a manera de persecución"

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La industria del delivery se instaló en pandemia y debido al confinamiento en un comienzo no presentó mayores problemas en lo que respecta a convivencia vial y seguridad.

Sin embargo el aumento de la movilidad provocó que el aumento de las motocicletas llamara la atención por aspectos no necesariamente positivos, tales como la falta de patentes, imprudencias al volante e incluso delincuencia con el fenómeno de los “motochorros”.

Un panorama que ha intensificado las fiscalizaciones, no obstante un grupo de repartidores denuncia que se ha involucrado a toda la comunidad en un plano negativo.

Conversamos más con Servio Hernández, vocero de los repartidores de Santiago quien argumenta que: “La mayoría de las personas migrantes que entran a su país van a trabajar, van a aportar, no todos son delincuentes”.

Fiscalizaciones

El conductor está de acuerdo con la fiscalización, sin embargo puntualiza que el aumento de hechos delictivos en motocicletas transformó esto en una persecución a sus colegas. “Estas fiscalizaciones siempre han existido y las personas que ha estado de manera ilegal al conducir una motocicleta o un auto siempre se han ido poniendo al día, se trata de cumplir con los requisitos exigidos en el país para estar en la legalidad”, enfatizó.

“Se han ido presentado diversos problemas en materia de delincuencia y bueno lastimosamente creo no hay un filtro, si no que a todos los meten en un saco, lo vemos de esa manera”.

“Se ha incrementado esta parte de las fiscalizaciones y lo vemos más a manera de persecución. Como Estado no sería mejor practicar el ejemplo de hacer un plan de regulación y buscar la manera de que se aporte más”.

Posibles soluciones y acuerdos

“Le hemos planteado al Estado que busque una manera de hacer un plan piloto para que regule esta situación, otorgándole un permiso especial a los repartidores y así llegar a un consenso. Que participen la empresas, que participen las autoridades y tratar de mitigar este asunto”.

“Vemos que el Estado a través de sus organismos, en este caso Carabineros, arremete en contra de una población migrante que en su mayoría son de buen proceder y viene a trabajar y aportar al país”, cerró el vocero de los repartidores.

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La industria del delivery se instaló en pandemia y debido al confinamiento en un comienzo no presentó mayores problemas en lo que respecta a convivencia vial y seguridad.

Sin embargo el aumento de la movilidad provocó que el aumento de las motocicletas llamara la atención por aspectos no necesariamente positivos, tales como la falta de patentes, imprudencias al volante e incluso delincuencia con el fenómeno de los “motochorros”.

Un panorama que ha intensificado las fiscalizaciones, no obstante un grupo de repartidores denuncia que se ha involucrado a toda la comunidad en un plano negativo.

Conversamos más con Servio Hernández, vocero de los repartidores de Santiago quien argumenta que: “La mayoría de las personas migrantes que entran a su país van a trabajar, van a aportar, no todos son delincuentes”.

Fiscalizaciones

El conductor está de acuerdo con la fiscalización, sin embargo puntualiza que el aumento de hechos delictivos en motocicletas transformó esto en una persecución a sus colegas. “Estas fiscalizaciones siempre han existido y las personas que ha estado de manera ilegal al conducir una motocicleta o un auto siempre se han ido poniendo al día, se trata de cumplir con los requisitos exigidos en el país para estar en la legalidad”, enfatizó.

“Se han ido presentado diversos problemas en materia de delincuencia y bueno lastimosamente creo no hay un filtro, si no que a todos los meten en un saco, lo vemos de esa manera”.

“Se ha incrementado esta parte de las fiscalizaciones y lo vemos más a manera de persecución. Como Estado no sería mejor practicar el ejemplo de hacer un plan de regulación y buscar la manera de que se aporte más”.

Posibles soluciones y acuerdos

“Le hemos planteado al Estado que busque una manera de hacer un plan piloto para que regule esta situación, otorgándole un permiso especial a los repartidores y así llegar a un consenso. Que participen la empresas, que participen las autoridades y tratar de mitigar este asunto”.

“Vemos que el Estado a través de sus organismos, en este caso Carabineros, arremete en contra de una población migrante que en su mayoría son de buen proceder y viene a trabajar y aportar al país”, cerró el vocero de los repartidores.