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El jefe subrogante de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI, subprefecto Julio González, abordó en entrevista con Nibaldo Mosciatti la infiltración del crimen organizado en el fútbol amateur chileno, tras la investigación de Radio Bío Bío que reveló cómo bandas ligadas al narcotráfico usaban clubes deportivos como fachada.
González explicó que el caso surge del trabajo permanente de la PDI en investigaciones por tráfico de drogas y delitos asociados. A través de técnicas especiales, se logró identificar una estructura dedicada al narcotráfico, la asociación criminal y el lavado de activos.
Según detalló, la organización trasladaba grandes cargamentos de droga desde el norte del país hacia la Región Metropolitana, utilizando distintas coberturas para operar sin levantar sospechas.
El rol del club como fachada
La investigación permitió establecer que los integrantes de la banda formaban parte de un club deportivo amateur llamado Real Betis, con base en la comuna de Cerrillos. El líder de la organización cumplía el rol de director técnico y otros miembros participaban como jugadores.
“El equipo era una forma de recreación, pero después de terminado el partido se reunían”, señaló González. En ese contexto, precisó que “ahí comenzaban a organizar la logística, el transporte y los medios de pago”.
El subprefecto sostuvo que “el club deportivo era el momento ideal para organizar la logística del narcotráfico”, ya que se trataba de un espacio habitual y socialmente legitimado, lo que reducía las sospechas.
Agregó que este tipo de organizaciones busca generar vínculos territoriales y confianza en el entorno. “El deporte también se puede usar para crear redes y facilitar el funcionamiento de estas estructuras”, afirmó.
Investigación y expansión del crimen organizado
González explicó que este tipo de causas se sustentan en técnicas especiales contempladas en la ley 20.000 y en el trabajo coordinado con el Ministerio Público y otras instituciones. “Aquí hubo un cruce permanente de información”, indicó.
Precisó que la investigación se extendió por cerca de un año y medio, considerando la complejidad y el tamaño de la organización. El operativo incluyó órdenes de entrada y registro en cerca de 50 domicilios y el despliegue de más de 400 funcionarios en distintas regiones.
“El crimen organizado está en constante expansión y busca nuevos espacios para operar”, advirtió. En ese sentido, recalcó que la PDI debe anticiparse a estos fenómenos y explorar escenarios delictuales no tradicionales.
En el cierre, González subrayó la importancia de la colaboración ciudadana y llamó a estar atentos a señales de alerta. “La información que entrega la comunidad puede ser clave para iniciar investigaciones de este tipo”, concluyó.
