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El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó en la Entrevista de Tomás Mosciatti la violencia en los liceos emblemáticos y aseguró que los grupos de overoles blancos llevan más de dos décadas operando con apoyo logístico y vínculos externos. Según su diagnóstico, detrás de estas células hay planificación, recursos y adultos que facilitan su actuar.

Desbordes relató que alumnos le entregaron información reservada y que el municipio inició expulsiones mediante la Ley Aula Segura para frenar a quienes protagonizan ataques. “Los voy a perseguir como lo que eran: delincuentes”, afirmó, y añadió que hoy existen jóvenes con medidas cautelares y causas en curso.

El alcalde aseguró que hay docentes involucrados en hechos violentos. Indicó que dos profesores del Instituto Nacional están identificados y que existe un sumario reservado. “Tengo la certeza, pero no las pruebas. Estamos trabajando en conseguirlas”, dijo.

¿Debería haber iniciado antes la investigación hacia los docentes por vínculos con overoles blancos?

En ese punto, apuntó directamente a la gestión anterior. Acusó a Irací Hassler y al exdirector de Educación, Rodrigo Rocco, de omitir denuncias y frenar acciones disciplinarias cuando se detectó participación de adultos. “La alcaldesa anterior no denunció nada”, afirmó. También mencionó un informe sobre materiales inflamables hallados en el Centro Cultural Seina que —según él— la administración pasada guardó sin actuar. “Vamos a iniciar acciones contra ella y contra el director de Educación”, adelantó.

Desbordes sostuvo que el municipio actual trabaja con la Fiscalía Centro Norte para obtener condenas nominativas. Sin embargo, criticó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y la dificultad de conseguir medidas intrusivas en tribunales. Añadió que algunos jueces mantienen una visión indulgente con los agresores.

Relató además que profesores han sufrido amenazas directas, lo que impidió que muchos denunciaran. Aseguró que el objetivo de los grupos violentos es amedrentar a quienes aplican Aula Segura y controlar la dinámica interna de los liceos.

El alcalde defendió la fuerte presencia policial en los establecimientos y calificó de injustas las críticas que la asocian con criminalización. También justificó la instalación de cámaras y el aumento de controles como medidas indispensables para proteger a la mayoría de los estudiantes.