Agencia UNO

Fiscal y caída de red de corrupción en servicio público de Arica: "Gracias a funcionarios honestos"

03 septiembre 2025 | 11:25

Durante esta jornada de miércoles, en la región de Arica y Parinacota, se está efectuando un mega operativo para lograr la detención de algunos funcionarios públicos, y otros privados, quienes serían parte de una red de corrupción.

Frente a este escenario, en el Expreso Bío Bío nos comunicamos con el fiscal de la región, Mario Carrera, quien detalló que “hasta el momento hay cinco personas detenidas (…) En total, son 10 órdenes de tención las que se han otorgado el tribunal, lo que incluye la entrada y registros a sus domicilios y diversas oficinas públicas”.

En cuanto a los delitos cometidos, el persecutor explicó que “hay un grupo de funcionarios públicos que se empezó a asociar con funcionarios particulares para efectos de poder obtener terrenos con muchos beneficios de parte de Bienes Nacionales”.

“Hay un tema de mucho dinero, que viene, quizás, cuántos años atrás”, agregó.

Cabe mencionar que dentro de los funcionarios públicos detenidos, cuatro se desempeñan en la Seremi de Bienes Nacionales y uno en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Arica. Ellos habrían utilizado sus posiciones para montar una red que les permitió recibir sobornos de particulares.

La caída de una red de funcionarios públicos corruptos en Arica

El fiscal Carrera explicó que esta fue una “investigación bastante metódica” que partió tras “información que empezamos a recibir desde el interior del propio servicio”.

“O sea, quiero destacar que hay funcionarios públicos que están totalmente fuera de todo esto y que han sido todo un apoyo en el marco de la investigación”, enfatizó.

De todas maneras, explicó que este tipo de prácticas pueden venir de hace muchos años, pero que se empezó en 2021.

En la misma línea, el persecutor reveló el modus operandi de la red de corrupción, ejemplificando con que “usted como privado honesto que encuentra un terreno de Bienes Nacionales y solicita que se le sea cedido para determinada actividad; y usted lo justifica, presenta su proyecto y hace un trabajo con topógrafos, arquitectos; resulta que lo entrega y con posterioridad se da cuenta de que se lo rechazan porque, de acuerdo al servicio, hay una solicitud anterior a la que usted presentó”.

Lo anterior, según el fiscal, “era lo que nos dijeron que podría estar ocurriendo, que simplemente se dejaban algunos números de oficio vacíos, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando llegaba algunas de estas solicitudes tan bien hechas y que justificaban la entrega, simplemente se le vendían a otra persona o se le daba cuenta a otra persona, para que esa misma persona hiciera como si presentara un proyecto anterior. Entonces, los antedataban, le ponían una fecha anterior”.

En ese sentido, planteó que “todo ese trabajo de esa persona, que es legal, y que legítimamente optaba a un beneficio estatal, era cooptado por otra persona con aquiescencia del servicio público, con esta unión del mundo público y privado de manera corrupta”.

“Luego, aparecieron otras cosas que son parte de por qué vamos a formalizar mañana”, añadió.

Por otra parte, al ser consultado sobre cuánto dinero se pudo haber conseguido, Carrera respondió que “si hablamos del valor de los terrenos y la cantidad de los mismos, no me atrevería a dar un monto en este momento, pero es cuantioso”. Asimismo, precisó que se trata de “terrenos y bienes muebles”.

“Lo que pudimos avanzar fue gracias a funcionarios honestos”

Por otra parte, pese a que el fiscal de Arica mencionó que “lo que se daña aquí es la fe pública”, destacó que “toda esta información y todo lo que pudimos avanzar fue gracias a funcionarios honestos que trabajaron en estos servicios y que fueron confiando en la Fiscalía y el trabajo que fuimos realizando junto con la Policía de Investigaciones”.

De todas formas, planteó que “los mecanismos de control no estaban funcionando”.

Sobre lo que ocurrirá con los terrenos en cuestión, explicó que “hay que ir viendo caso a caso. Acá el enfoque es respecto de los funcionarios públicos. Respecto a los terrenos, hay otras instituciones que tienen que dar su opinión, como el Consejo de Defensa del Estado (CDE)”.