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“Evidentemente, hay un problema”, dijo el exsubsecretario de Carabineros, Felipe Harboe, ante la publicación de BBCL Investiga, que dio a conocer que la institución verde oliva contrató a dos reconocidos exfiscales, Alejandro Peña Ceballos y José Villalobos Gómez, quienes figuran en la nómina de defensores de narcotraficantes que emite la Contraloría General de la República.

En conversación con el Expreso Bío Bío, el también exministro del Interior explicó que “lo que se está impugnando es el hecho de que haya abogados que patrocinan causas vinculadas a personas imputadas por narcotráfico, estén cumpliendo funciones en defensa de funcionarios públicos, en este caso Carabineros”.

En ese sentido, señaló que “existe una norma legal que establece la inhabilidad de los abogados que defienden narcotraficantes para poder desempeñarse o estar contratado en el servicio público”.

De igual manera, Harboe fue claro en sostener que “cada abogado decide a quien defiende y todo imputado tiene derecho a defensa (…) Si los abogados toman la decisión de defender narcotraficantes, es muy legítimo”.

La inhabilidad de abogados que defienden narcotraficantes

Sin embargo, el exsubsecretario afirmó que “el punto está en que el legislador estableció, para efectos de evitar que pueda existir algún tipo de relación, la inhabilidad de esos abogados para ser contratados en el servicio público”.

“Todos los años la Contraloría General de la República hace una nómina de aquellos abogados que, según información del Poder Judicial, patrocinan causas de imputados vinculados al narcotráfico y los “inhabilita” para trabajar en el servicio público”.

En esa línea, planteó que “en postular no hay engaño, pero el que toma la decisión, que tiene que ponderar si es adecuado o no (es Carabineros). Y evidentemente hay un problema, porque si bien no están contratados como planta o contrata, o sea no son funcionarios de Carabineros, sí prestan asesorías”.

“Además, tratándose del caso de Carabineros es aún más complejo, porque se genera un daño reputacional, tanto a los abogados como a la institución”, añadió.

En ese sentido, Harboe sentenció que “si uno aplicara el dictamen de Contraloría, Carabineros debió no haber contratado esos servicios”.

Además, aseguró que “el objetivo que tuvo el legislador, en su minuto, fue evitar que personas que legítimamente ejercen la profesión en defensa de narcotraficantes, tengan alguna vinculación con el servicio público”.