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El nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que trabajará sobre la base de la Política Nacional de Seguridad Pública aprobada durante el gobierno anterior, poniendo fin a dos meses y medio de incertidumbre institucional. El anuncio, realizado tras reunirse con su antecesor Luis Cordero, marca un punto de inflexión en un debate que amenazaba con borrar los avances logrados desde la creación del Ministerio de Seguridad en abril de 2023.

Para analizar los desafíos que enfrenta la nueva administración en materia de seguridad, conversamos con Mauricio Duce, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica e investigador principal del Núcleo Milenio en Complejidad Criminal. Duce advierte sobre los riesgos de la política reactiva, defiende la necesidad de invertir en prevención temprana y cuestiona la obsesión legislativa por endurecer penas que ya no tienen más margen de impacto.

El debate perdido sobre la Política Nacional de Seguridad

—Mucha gente se enreda entre política nacional y plan de seguridad. ¿Por qué es importante entender esta diferencia?

Es bastante desolador que hayamos estado dos meses y medio discutiendo, como si en esta área no hubiera habido ningún avance desde el punto de vista institucional. Hoy día contamos con un Ministerio de Seguridad que no existía antes.

Y uno de los mandatos que estableció la ley, fue precisamente desarrollar una Política Nacional de Seguridad que le diera un marco que nos permita empezar a aproximarnos a la seguridad pública como una política de Estado, no como una respuesta reactiva, contingente frente a hechos graves. El ministerio pasado hizo la pega y elaboró esta política.

Por eso creo que fue muy positivo que el ministro Arrau diera cuenta de que esto existía, porque hasta el momento pareciera como que no existía, y ofreció la idea de que va a haber al menos una cierta continuidad. Si no, vamos a estar reinventando la rueda en cero y vamos a perder tiempo en bajar la política a estrategias más concretas y planes de acción más específicos.

—Es importante también en materia de señal que el ministro Arrau haya conversado con Luis Cordero antes de hacer este anuncio.

Absolutamente. El que haya una política nacional de seguridad no implica que la autoridad actual no pueda ponerle su impronta a la política en seguridad, porque tienen muchas herramientas para ello.

Pueden priorizar en la implementación ciertas cosas, establecer recursos, los mecanismos de evaluación, etcétera. Y además todavía hay muchas políticas de seguridad sectoriales, en materia de terrorismo, crímenes organizados, que están pendientes y que le va a corresponder a la nueva autoridad dictarlas.

Entonces hay mucho espacio para que pongan su impronta, pero no podemos estar permanentemente partiendo de cero. Hay una cierta continuidad, porque si no este ministerio no va a servir de nada.

Si el ministerio parte de cero cada vez que hay un cambio de autoridad, nunca vamos a enfrentar este tema como política de Estado.

—¿Esto puede generar un espacio para acuerdos más transversales en materia de seguridad?

Por lo menos en actitud, el ministro Arrau se mostró distinto, en la misma convocatoria de la autoridad anterior, y entiendo también está convocando a parlamentarios de distinto signo político.

Creo que él percibe que la implementación de un plan requiere consensos importantes y acuerdos importantes.

Hay que despolitizar la política de seguridad, porque sino llegas a peleas muy chicas. La semana pasada había algunos parlamentarios que decían que da lo mismo tener planes, lo importante son las acciones, para tratar de justificar el vacío que había. Entonces llegamos a discusiones muy superficiales.

La postura del ministro Arrau abre esperanzas de que se puedan llegar a acuerdos, de que podemos avanzar en algunas cuestiones donde creo que todos más o menos vamos a estar fuertemente de acuerdo.

—¿Cuáles serían esos puntos clave donde hay en principio un acuerdo transversal?

Por de pronto en los objetivos. La política se casa con dos grandes objetivos que es la disminución de la delincuencia, violencia como prioridad y el temor como un tema un poquitito aparte. Luego la política abre un conjunto de áreas estratégicas y acciones.

En general esas áreas tienen que ver con invertir muchos recursos en prevención en niñez y adolescencia y juventud, prevención territorial, estrategias de control del delito, fortalecer la persecución penal. Son cuestiones más o menos que en sus grandes titulares yo diría que en principio todos estamos de acuerdo.

Ahora hay que reflejar esto en acciones concretas y en presupuesto asignado. En material de prevención del delito gastamos menos de un 5% y el 95% se va a control. Entonces todavía falta esta bajada, concretarla en acciones que sean equivalentes y que le den fortaleza a alguna de estas áreas, pero me parece que podemos llegar a acuerdos con esto.

Prevención temprana: la apuesta pendiente

—¿Hay experiencia en otros países donde algunos lineamientos que parecen obvios todavía no hemos aplicado o incorporado aquí?

Uno de los problemas que tiene el área de seguridad, es que a diferencia de otras materias, no hay balas de plata y no todas las experiencias de afuera son necesariamente trasplantables a la realidad local. No hay cosas que estén 100% probadas.

Por ejemplo, la estrategia para reducción de homicidios, donde todo el mundo estaría más o menos de acuerdo. La evidencia que disponemos en América Latina es precaria, es parcial, muestra que muchas de las cosas más intuitivas que uno podría pensar no funcionan.

Dicho eso, sí, a mí me parece que un debe gigantesco en el caso chileno tiene que ver con la prevención temprana en niñez y adolescencia. Todo lo que tiende a mostrar la evidencia es que precisamente, sacar a jóvenes de eventualmente circuitos de reclutamiento y de participación en delito. Esto es lo que tiene más rendimiento.

Si uno ve los programas que tenemos implementados en Chile, hay algunos programas que tienen buena evaluación, pero su capacidad de escalarlos y de llegar a todos los jóvenes que lo necesitan ha sido escasa.

—Pero hay una presión muy fuerte de mano dura. El Estado se siente presionado por una ciudadanía que ve el incremento de los delitos. Esa presión sobre el aparato del Estado para que de respuestas inmediatas es casi inevitable, ¿no?

Absolutamente. Y uno comprende que la dinámica política se de en esta situación. Por eso había una cierta apuesta en que, con la creación del Ministerio de Seguridad, se alejara un poquitito la política pública de la contingencia más inmediata, por ejemplo, a la que está sometido habitualmente el Ministerio del Interior. Cuando estaba en Interior, esa contingencia se comía, por así decirlo, la parte más técnica que sustenta la política pública en materia de seguridad.

Creo que con el ministro Arrau hay ahora una oportunidad de hacer ese proceso que trató de hacer el ministro Cordero, pero que la ministra Steinert no. La ministra Steinert llevó al ministerio hacia una cuestión operativa muy de acciones cotidianas, muy vinculada a esta contingencia.

Obviamente, esto politiza enormemente el trabajo del Ministerio, cuando uno esperaría que ponga paños fríos y directrices técnicas para darle una cierta conducción, a esta cuestión que naturalmente en el Parlamento es mucho más inorgánica y está sometida a otras presiones.

—Mencionaba el tema de los jóvenes, la delincuencia juvenil, la relación que se hace con la deserción escolar y cómo distintos estamentos pueden trabajar en conjunto. ¿Hay posibilidades de hacer eso?

Yo creo que sí. Chile tiene algunas fortalezas institucionales importantísimas en el contexto regional, incluso a nivel global. Nuestro Estado es un Estado fuerte, que tiene cobertura, tiene programas fuertes en distintas áreas. Pero claro, eso supone ser un poco más fino en los diagnósticos.

También en esto uno escucha personeros diciendo se acabó la época de los diagnósticos, es el momento de la acción. No, hay que entender mucho mejor cuáles son los circuitos que llevan a reclutar a estos jóvenes, quiénes son. Toda la evidencia muestra que un pequeño porcentaje de los jóvenes concentra una alta cantidad de los delitos, particularmente los delitos violentos.

Cuando se dice que hubo 25 mil jóvenes involucrados, sabemos que el 80% de ellos no va a volver a delinquir nuevamente, que es una fase, y tenemos datos sobre eso en Chile. Sabemos entonces que ellos no son el foco central, sino que tenemos que focalizarnos en ese 15% que hoy día es multirreincidente, se está involucrando de manera mucho más violenta en estos delitos, y es un número más acotado.

Respecto de ellos tenemos que hacer un tipo de intervención más sofisticada y compleja que simplemente aplicarle la persecución penal, que es un poco lo que ha cambiado hasta ahora. Y ahí hay que articular mucho mejor el conjunto de ofertas que tenemos, que viene de educación, de protección social. Para eso el Ministerio cumpliría un rol bien importante.

Si ves la ley que creó el Ministerio, uno de sus objetivos centrales es precisamente lograr el tipo de coordinación intersectorial que hoy día no está teniendo. Ha habido algunas señales positivas desde que asumió el ministro Arrau, en términos de que se le ha visto en muchas reuniones intersectoriales que precisamente podrían apuntar a esto.

Inteligencia criminal y resultados a corto plazo

—¿Se sabe quiénes son esos jóvenes multirreincidentes? ¿Hay un perfil de ellos?

Sí, de hecho en la gestión del Ministerio de Seguridad se hizo un estudio precisamente sobre este tema, para tratar de ponerle un poquitito más de carne. Es muy reciente, donde estamos haciendo doble clic en quiénes son.

Nuevamente, ahí uno encuentra que el Estado chileno tiene fortaleza. Nosotros tenemos bases de datos muy potentes de protección social, que nos permite probablemente tener una capacidad de identificación mucho más precisa que otros Estados.

Por ejemplo, un poco lo que ha venido haciendo el Ministerio Público con los famosos Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Estas unidades de reacción temprana que armó el Ministerio Público han permitido en poco tiempo mejorar enormemente la capacidad de persecución penal del Estado chileno, en homicidios y secuestros asociados a crimen organizado. Se han elevado las tasas de imputados conocidos respecto a lo que teníamos antes, aumentado los números de formalizaciones de la investigación, aumentado el porcentaje de imputados que quedan en prisión preventiva.

Esos son resultados que se han obtenido en bastante corto plazo. Pero eso hay que combinarlo con estas otras cosas. A veces nos quedamos atascados en lo urgente y postergamos lo importante. El Ministerio de Seguridad debiera tener esta fuerza de estar trabajando con estas dos o tres cajas de cambio distintas a la vez.