De acuerdo a un informe elaborado por el Poder Judicial, el 37% de los hogares de menores con administración del Estados mantienen condiciones de hacinamiento.
El “Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia” advierte que se trata de una situación crítica, ya que, de incluirse un ingreso más en aquellas residencias con el total de cupos asignados, la condición de hacinamiento podría llegar al 64%.
En una nueva edición de Entrevista Bio Bio Tv, se conversó con Natalia Romero, diputada por el distrito 15, región de O’Higgins, quien analizó la situación al interior de las residencias para menores en situación vulnerable y los principales desafíos para las casas de acogida.
El problema de fondo
“A mi juicio, es un problema integral hoy día, lamentablemente, la situación de estos menores que están no sólo en el abandono, sino también en la vulneración constante de sus derechos”, sostuvo la parlamentaria.
“Es un problema bastante complejo, no se corrige tan solo con la ley, se corrige además con un comportamiento propio de quienes hoy día tienen a cargo a estos menores”, agregó.
“Probablemente en algún lugar del país existe algún prestador que dé un servicio que sea efectivamente bueno para los niños, pero en la generalidad lo que vemos acá es un vicio del sistema”, enfatizó.
En ese sentido, señaló “¿por qué no se genera, por ejemplo, una lista con los prestadores de salud, donde se pueda revisar efectivamente si la persona que está prestando el servicio está ad hoc para poder hacerlo? Porque acá estamos hablando que están al cuidado de niños que además no tienen una red de apoyo, no tienen alguien que pueda pelear por ellos, a no ser que haya una fiscalización”.
Entonces, “debiera hacerse una cirugía desde adentro hacia afuera, desde quien presta el servicio, cómo lo presta, bajo qué calidad”, destacó.
“La oferta cumple medianamente con el cuidado, y muchas veces ni siquiera, sino que va o sigue maltratando a los menores”, sostuvo.
Un tema de voluntades políticas
“Una política pública que haya sido beneficiosa, y que hoy día entregue algún tipo de satisfacción, diría inmediatamente que la ley denominada Papito Corazón hace medianamente justicia, con aquellas madres y algunos padres que quedan totalmente en la desprotección”, destacó la parlamentaria.
“Creo que se debiera trabajar efectivamente en políticas profamilia, pero con esto no quiero alarmar a nadie ni decir que se va a establecer una figura única de la familia, sino más bien en políticas de apoyo social que vayan y que entreguen seguridad”, agregó.
Además, “se requiere de una política integral que esté acorde a los tiempos y que ponga de una vez por todas a la adolescencia y a la niñez como una materia importante, ellos van a ser, por cierto, el futuro de nuestro país y cada vez que se revisan distintos estudios vemos que están en las últimas prioridades”, enfatizó.
”Cuando se habla de educación, se conversa del concepto, pero no hablamos de la persona, del niño que se educa, del menor que necesita una sala o un jardín infantil”, por lo que “si nosotros no lo tomamos y lo ponemos en relevancia, probablemente en unos años más nos vamos a arrepentir”, comentó.
“Creo que es un problema suficientemente grave para que esté dentro de las de las propuestas de las próximas presidenciales”, destacó.
“Este es un problema que no tiene retorno, porque se trata de una etapa de formación, y lo mismo ocurre ante la falta de oferta respecto de las salas cunas y la educación en la primera infancia”, agregó.
En ese sentido, “no hemos discutido ningún proyecto que vaya en beneficio de los menores, es lamentable, nos vamos a arrepentir en los años venideros cuando explote realmente una crisis social profunda en nuestro país”, argumentó.
Te invitamos a revisar la entrevista completa en Bio Bio TV.