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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó esta mañana las cifras de desempleo a nivel nacional, revelando un incremento del 0,5% que sitúa la tasa de desocupación en un preocupante 9,4%.

Este escenario confirma que el desempleo no cede en el país, golpeando con especial gravedad al segmento femenino, donde la cifra se mantiene firmemente en los dos dígitos con un 10,5%. Esta realidad profundiza la vulnerabilidad de una gran cantidad de mujeres solas que deben sostener económicamente a sus hijos sin apoyo de sus exparejas, transformando la crisis laboral en un problema sistémico de alto impacto social al inicio de la temporada invernal.

El alza del desempleo se registra a pesar de que durante administraciones anteriores existió una contratación significativa de personal en el aparato estatal, donde casi la mitad de los ingresos se concentró en los municipios.

Si bien esta absorción de trabajadores por parte del sector público amortiguó y evitó que las tasas generales escalaran aún más, el debate público hoy cuestiona la efectividad real de dichas funciones. En paralelo, el mercado laboral enfrenta un encarecimiento de la contratación debido al aumento de los costos laborales y la implementación de reformas como la Ley de 40 Horas, lo que ha presionado a las empresas con mayor capital a invertir en automatización y tecnología, ensanchando la brecha con aquellas firmas que no tienen capacidad de realizar ajustes tecnológicos.

En el plano político, el debate económico se ha tomado la agenda tras el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro de Economía, Nicolás Grau. Aunque los senadores determinaron que la acción carecía de fundamentos constitucionales, analistas coinciden en que esto no exime a la anterior administración de un juicio negativo respecto a su manejo financiero.

Los datos demuestran que el país padece las consecuencias de políticas implementadas en los últimos años, donde se acusa una falta de exigencia de resultados cuantitativos hacia la clase política que administra el Estado, lo que técnicamente se tradujo en una mala gestión económica y en la falta de continuidad de ese proyecto político.

La crisis actual se enmarca en un problema de crecimiento severo que arrastra Chile desde el año 2008, periodo en el cual la economía dejó de expandirse a sus ritmos históricos. Responsables del debate técnico apuntan a que la élite gobernante en su conjunto —incluyendo a la antigua Concertación, la Nueva Mayoría y el mundo empresarial— asumió erróneamente un crecimiento garantizado del 2% y comenzó a imponer cargas impositivas y laborales sobre bases irreales.

El estancamiento resultante ha forzado a la administración actual a implementar un fuerte ajuste de restricción económica y recortes presupuestarios, abriendo la interrogante sobre si queda margen de acción sin afectar la estructura básica del país.

Finalmente, la discusión apunta a la necesidad urgente de una reestructuración y modernización del Estado para ganar eficiencia, un proceso frenado históricamente por la resistencia de organizaciones gremiales que recurren a paralizaciones declaradas ilegales por la Contraloría General de la República.

El gasto continuo en estudios externos para evaluar el servicio público contrasta con las demandas ciudadanas de mejor atención, como la extensión horaria en servicios clave como el Registro Civil. Con un panorama de estancamiento, la promesa del gobierno actual de reducir el desempleo al 6,5% al final de su mandato se vislumbra sumamente compleja, dado que no existen señales claras en el horizonte inmediato de una reactivación económica capaz de generar los puestos de trabajo requeridos.