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En Causa y Efecto analizamos la detención de la sargento primero de Carabineros, Claudia Bustamante, de 47 años, quien estaría involucrada en el millonario robo a la empresa de valores Brinks ocurrido en Rancagua.
El caso, calificado como un asalto altamente planificado y de carácter “cinematográfico”, vuelve a poner el foco en la infiltración de la delincuencia en instituciones del Estado.
Especialmente tras confirmarse la participación de funcionarios policiales en el hecho.
A partir de los antecedentes expuestos por la fiscalía, se señala que Bustamante habría cumplido un rol clave de cobertura y seguridad para la banda, y que no sería un caso aislado.
De hecho, sería la quinta o sexta funcionaria de Carabineros vinculada a este robo.
Además, existirían indicios de su participación en otros hechos delictuales investigados previamente.
Las declaraciones de la defensa de imputados apuntan a que la sargento ejercía liderazgo y autorizaba la incorporación de otros uniformados de menor rango a la organización criminal.
El cierre del diálogo plantea una preocupación mayor por el impacto institucional del caso y las interrogantes que siguen abiertas tras más de un año y medio de investigación.
Se cuestiona cuántos funcionarios más podrían estar involucrados, por qué su participación salió a la luz recién ahora.
Además de cuestionarse cuáles son las medidas internas que existen para prevenir este tipo de situaciones.
Sin generalizar, se recalca la necesidad de reforzar los filtros y mecanismos de control, ante el riesgo de que la delincuencia siga permeando a quienes tienen la misión de resguardar la seguridad pública.
