Tras sufrir dos ‘turbazos’ en pocos días, la Dirección del Trabajo decidió clausurar un local de una cadena farmacéutica en la comuna de La Cisterna, en la Región Metropolitana.
Esta situación generó una gran polémica, ya que la seguridad la deben garantizar las policías. No obstante, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta semana indicó que los empleadores no debieran desentenderse de este asunto. Con esto, también se alude a una corresponsabilidad con las empresas.
En esto, queda de manifiesto una renuncia, o más bien, el reconocimiento de una derrota del Estado chileno en cuanto al combate de la delincuencia.
Asimismo, el traspaso de responsabilidad hacia el sector privado, es la consagración por parte del Poder Ejecutivo de la legitimidad de la privatización en la seguridad.
Esto hace que surjan una serie de interrogantes y un duro debate. ¿Con qué herramientas el mundo privado tendrá que garantizar su propia seguridad?
¿Esto va a significar que los municipios empiecen a adoptar guardias privados armados? Al paso que vamos, también se debería empezar a discutir acerca de la tenencia de armas.
Por lo pronto, hoy en día, quienes tienen recursos, pueden contratar a Carabineros en retiro que tengan autorización para portar pistolas.
Finalmente, la gran pregunta es cómo se compensará la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de las personas. Perfectamente, se podría generar un mercado de protección al comercio, al margen de la ley.