El caso de Allende y Fernández no es un error menor ni una simple omisión administrativa. Es una infracción gravísima que vulnera los principios de probidad y transparencia consagrados en nuestra Constitución y nuestro sistema. La cesación en sus cargos no es solo un mandato legal; es una necesidad ética para preservar la confianza pública en las instituciones. Renunciar a aplicar esta sanción enviaría un mensaje devastador: que las normas pueden ser relativizadas y que la transparencia es negociable. La probidad no es un adorno discursivo; es el corazón de la función pública. Y este es el momento de defenderla con firmeza.