Ítem recurrente en todas las campañas presidenciales, de un lado y del otro es la seguridad ciudadana, tema además muy mal evaluado de manera constante por la ciudadanía en todas las administraciones.
Frente a ello los gobiernos, con indiscutibles buenas intenciones, intentan marcar su impronta en esta materia, que quieran reconocerlo o no se mezclan con los réditos políticos que les pudiera reportar este esquivo tema.
“Vamos a luchar contra la delincuencia atacándola de raíz”, “a los delincuentes se les acabó la fiesta”, “se acabó la puerta giratoria”. De todo hemos escuchado durante las últimas campañas y administraciones, a lo que se han sumado ofertones de más y más carabineros en las calles, como si con eso se terminara con este verdadero flagelo que se puede mitigar pero no sepultar.
En ese sentido, el lanzamiento de un nuevo plan nacional de seguridad y el anuncio de una ley para que políticas públicas de distintas reparticiones puedan prevenir delitos se percibe como un importante avance, pero la verdad es que se enmarca dentro de lo mismo que, con matices más, matices menos, hemos escuchado con anterioridad.
Un plan nacional de seguridad debe enfocarse en la prevención de delitos, en una sintonía fina con la comunidad, pero al mismo tiempo esa misma comunidad requiere que ese concepto de la seguridad ciudadana sea mucho más amplio. La seguridad de los ciudadanos tiene relación con que se sientan a recaudo no solo de delincuentes, también que tengan la certeza de que, de sufrir algún accidente llegará a tiempo el servicio de ambulancias, de que sus equipos de emergencia estarán prestos y con los recursos necesarios en el momento en que sea necesario. Que sus bomberos no tengan la necesidad de pedir plata en las esquinas, que el SAMU cuente con el equipamiento necesario y que el sistema de salud los acogerá de manera eficiente y oportuna.
