Fotografía: MOP

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  • En medio del intento del gobierno de morigerar el alza de tarifas en las rutas pagas, la Comisión Arbitral -organismo externo para la solución de controversias con la autoridad- le dio un duro golpe al Ministerio de Obras Públicas: debe cancelar la suma señalada por no cumplir el contrato de Concesión, ya que le habría impedido a la firma -durante al menos dos años- que recalculara el incremento en diciembre. El fallo está fechado el 29 de mayo, es decir dos días después que Piñera anunciara el intento de La Moneda por modificar la subida de precios, que este 2019 se fijó en 6,5%. El fallo encendió las alarmas en el MOP y el Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso en la Corte de Santiago para revocar la decisión. Luego del cambio de gabinete de la semana pasada, la cartera la asume Alfredo Moreno, que entre sus prioridades están, precisamente las carreteras y las concesiones. No es todo. Desde 2010 a 2018 las empresas del rubro sumaron una ganancia superior a los 186 mil millones de pesos. Eso sin contar otros 61 mil millones del primer trimestre de 2019. El fallo lo publica Radio Bío Bío.

    La Comisión Arbitral, entidad que se conforma para resolver las controversias entre las carreteras concesionadas y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), condenó al Fisco a pagar 3.310 millones de pesos a la empresa Autopista Central (AC).

    En síntesis, el fallo -que publica Radio Bío Bío– establece que el MOP impidió que la firma pudiera subir las tarifas a los usuarios durante 2015, 2016 e incluso 2017, violando así el contrato de concesión.

    La resolución contó con los votos a favor del fallecido ingeniero Alejandro Jadresic, el abogado Eugenio Evans, mientras que en contrario lo hizo Giampiero Fava Cohen, quien estimó que Autopista Central no podía ser resarcida.

    Lea el fallo completo

    El dictamen de 46 páginas está fechado el 29 de mayo pasado. La data es relevante, porque dos días antes el Presidente Sebastián Piñera anunció que el gobierno buscaba una solución para evitar el alza de tarifas que afecta directamente el bolsillo de los chilenos.

    Básicamente, se intenta reducir a un 1% más IPC anual el incremento que las autopistas aplican en las cuentas, que hoy alcanza al 3,5% más el índice mencionado. El encargo del Mandatario lo llevó a cabo el 28 de mayo el entonces ministro de Obras Públicas (hoy Economía), Juan Andrés Fontaine cuando se reunió con los gerentes de las carreteras concesionadas de Santiago, entre ellos Luis de Pablo Ruiz de Autopista Central.

    En la oportunidad, Fontaine explicó el plan de La Moneda es no afectar las finanzas de los ciudadanos, aunque reconoció que se evalúa “cómo compensar la merma de ingresos que eso les implica a las concesionarias con, por ejemplo, una extensión de plazos de los contratos o un pago por parte del Estado al final de la concesión”.

    La semana pasada, en tanto, Piñera realizó un ajuste de gabinete. Entre otros cambios, Fontaine asumió en la cartera de Economía, mientras que Alfredo Moreno lo hará en el MOP. Este último será quien herede la misión negociar nuevos contratos con las concesionarias y apenas hoy esté sentado en su escritorio, conocer como su secretaría de Estado perdió ante la empresa.

    De acuerdo a los antecedentes recabados por este medio, el dictamen fue notificado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que el pasado 12 de junio presentó un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con miras a revocar la decisión de la Comisión Arbitral, en el cual denunció una serie de anomalías.

    Lea la presentación del CDE

    Desde 2006 a 2019 los precios de estas rutas aumentaron nominalmente un 97%. En otras palabras casi se han duplicado, informó El Mercurio. De hecho, la última alza de principios de año fue de un 6,5%. De hecho, desde 2010 a 2017, registraron un aumento de 507%, alcanzando una cifra de ganancias de 187 mil 696 millones de pesos. Lo anterior, más otros 61 mil millones de pesos solo el primer trimestre de 2019.

    Velocidades

    La historia de desavenencias entre Autopista Central y el MOP no es nueva. La empresa, el 12 de marzo de 2017, demandó al MOP ante la Comisión Arbitral. Pidió en esa oportunidad que la instancia dejara por establecido que diciembre era el mes más “apto y válido”, para tomar las muestras de velocidad de operación del flujo vehicular con las que se calcula la modificación tarifaria del año siguiente.

    Vea la demanda de la concesionaria

    El 12 de octubre del mismo año, la instancia le dio la razón a la Autopista Central y la autorizó a realizar dicho estudio en 12 pórticos para realizar un alza.

    Sin embargo, la empresa no se contentó con el fallo y el 11 de julio de 2018 presentó una nueva demanda en contra de Fontaine -como representante del MOP- y convocó a una nueva Comisión Arbitral. En esa acción legal solicitó más de 3.400 millones de pesos como indemnización, aludiendo que la Dirección de Concesiones había incumplido los términos de la adjudicación, fechada el 4 de enero de 2001.

    De acuerdo a la tramitación del proceso, los abogados del MOP Luis Albornoz y Ricardo Vega se opusieron al libelo de Autopista Central. Argumentaron cosa juzgada, que habían vencido los plazos para recurrir, entre otras figuras jurídicas. De nada sirvió, porque el pasado 29 de mayo la Comisión Arbitral falló que la concesionaria tenía derecho a recibir 3.310 millones

    “Que el no autorizar e impedir los incrementos tarifarios a que tenía derecho la Concesionaria (…) el MOP no se ajustó al Contrato de Concesión y que por ello debe indemnizar (…)”, se lee en la parte resolutiva del voto de mayoría suscrito por Jadresic y Evans.

    Fava Cohen, en tanto, fue de la opinión de rechazar la demanda: “(…) no es posible acoger la demanda (…) toda vez que no es jurídicamente procedente condenar al Ministerio de Obras Públicas al pago de la indemnización solicitada sin que haya sido declarada su responsabilidad contractual (y luego de acreditados todos los elementos que la configuran), lo que no ha ocurrido en el caso de marras (…), escribió Fava Cohen.

    El fallo fue notificado al Consejo de Defensa del Estado el pasado 6 de junio y en pocos días presentó un recurso de queja ante el tribunal de alzada capitalino apuntando a la “falta o abuso” de los sentenciadores.

    En el libelo, el CDE aludió a una serie de anomalías, entre ellas que la Comisión Arbitral descartó realizar una audiencia de reconocimiento de un peritaje. No fue todo, el organismo señaló que se agregaron de manera “ilícita” una serie de documentos, cuando ya había terminado el plazo del “término probatorio”.

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