Ayer el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg (RN), debió subrogar a su par de Justicia, Hernán Larraín (UDI), para nombrar al notario de Casablanca (V Región) con asiento en Curacaví. La elección recayó en el abogado Cristian Lara Salazar, quien obtuvo 7 preferencias y el primer lugar en el “listado de oponentes” que conformó la Corte de Apelaciones de Valparaíso el pasado 1 de abril.
La elección de Lara Salazar, en todo caso, fue precedida la semana pasada por una polémica, ya que otro de los candidatos de la terna para asumir el cargo era Jesús Osses, exjefe de gabinete de Larraín, cuando este último era senador por la VII Región. No era lo único, también Osses fungió en 2018 como asesor jurídico de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la cartera. A ese puesto llegó, previa renuncia a su cargo de Consejero Regional por Linares, para el cual fue elegido por votación popular a fines de 2017. El ruido político que provocó la cercanía con el secretario de Estado derivó en que Larraín se restara de participar del nombramiento, recayendo la responsabilidad en Monckeberg.
Lo que de seguro este último no sabía ayer, es que Lara Salazar fue detenido por Carabineros en 2014 manejando por la comuna de Santa Bárbara, VIII Región, en estado de ebriedad cuando fungía como funcionario municipal.
De acuerdo a la información que consta en el sistema judicial, Lara Salazar fue llevado por los policías uniformados hasta un recinto de salud donde debía practicarse la alcoholemia de rigor, pero el ahora notario se negó rotundamente.
El Ministerio Público de la VIII Región inició una investigación y el 25 de febrero de 2015 lo formalizó por el mencionado delito sin saber cuánto alcohol llevaba en la sangre, tal como consta en el acta a la que accedió este medio.
Lea la presentación de la fiscalía
“Comunica imposición de medida cautelar consistente en que al imputado Cristián David Lara Salazar le queda prohibido conducir, tramitar o gestionar licencia de conducir”, se lee en el documento.
En la oportunidad, la fiscalía estimó que Lara Salazar cumplía los requisitos para la suspensión condicional del procedimiento. En otras palabras, no aplicar una condena penal, sino una salida alternativa. En su caso fue que durante dos años no podía ser formalizado y quedaba impedido de manejar cualquier vehículo, tal como lo aprobó la magistrada Soledad García Nannig del tribunal de Santa Bárbara.
Posterior a los hechos, Lara Salazar comenzó a trabajar como interino en la Cuarta Notaría de Los Ángeles, pese al delito cometido y negarse al examen.
El 14 de octubre de 2016 el tribunal le devolvió su licencia de conducir y el 27 de febrero de 2017 el aludido cumplió la sanción, siendo sobreseído definitivamente.
Si bien la suspensión condicional a la que accedió Lara Salazar no aparece en el certificado de antecedentes que entrega el Registro Civil, lo cierto es que ante el tribunal de alzada porteño nunca mencionó que tuvo problemas con la justicia.
El nombramiento ahora debe ser confirmado por la Contraloría. Si la cartera resolviera revocar la designación, no tiene más que pedir el decreto enviado al organismo fiscalizador y modificar su decisión. De ser así, la Corte de Valparaíso debería llamar a otro concurso.
Irónicamente, quien le seguía en votación a Lara Salazar en la terna para el cargo de notario, era precisamente Jesús Osses.
