En los últimos años, en gran parte del mundo, los temas de seguridad, migración y costo de la vida se han tomado las agendas electorales. Y Chile no es la excepción a aquello. Particularmente el debate por la seguridad y el orden público ha sido protagonista en nuestro país de campañas y discursos en tiempos de elección al menos desde hace 25 años. Y es natural que así sea, siendo esta una de las principales preocupaciones de las personas.
Y, por lo mismo, cuando se discute sobre el estado de la seguridad pública en el país, considerando, además, los altos niveles de temor que existen en la sociedad chilena, lo esperable y responsable es hacerlo en base a información veraz.
Hace algunos días, el Ministerio de Seguridad Pública informó de la evolución de las cifras unificadas de los casos policiales registrados por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones durante el período enero–septiembre de 2025, estadísticas que fueron recogidas y sistematizadas en el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
En particular, el informe revela que uno de los grupos de ilícitos que registraron disminuciones en sus tasas fueron los robos violentos, que disminuyeron en un 8,0% en comparación a igual periodo de 2024, principalmente por las bajas en el robo violento de vehículo motorizado, que cayó un 19,6% a nivel nacional, y el robo con violencia o intimidación, con una baja del 11,3%.
Asimismo, se registraron disminuciones a nivel nacional en los delitos de violencia intrafamiliar (-3,2%), delitos contra la vida o integridad de las personas (-2,0%), incivilidades (-1,1%), y delitos contra la propiedad no violentos (-1,0%).
Por otra parte, los delitos asociados a armas se mantienen relativamente estables (-0,7%), mientras que solo se registró un aumento en los delitos asociados a drogas (13,3%), lo que podría obedecer a las estrategias policiales implementadas que han llevado a incautaciones históricas de sustancias ilícitas este 2025.
Al hacer un análisis en el tiempo, el informe revela también que, con excepción de los delitos asociados a drogas, la mayoría de los grupos de ilícitos se tienden a estabilizar luego de los años de pandemia y que, en la gran mayoría de los casos, presentan tasas incluso inferiores a las que exhibía el país hace una década.
En el debate público podemos diferir sobre las causas de los fenómenos, sobre la oportunidad o no de determinadas decisiones, sobre la dirección de algunas políticas. Pero los datos son los datos, eso no cambia. Y esas cifras nos dicen que en comparación a un año atrás, los casos policiales en general han disminuido en un 2% y con bajas más significativas en algunos grupos de delitos como los robos con violencia, como se mencionaba anteriormente.
Y si bien no forma parte del informe entregado esta semana, el Ministerio de Seguridad Pública ya ha informado en otras ocasiones de una baja de 10,4% en los homicidios en comparación al año 2022; de una disminución del 10,2% en relación a 2022 de las causas válidas de secuestro; o de una caída del 70% en los eventos de violencia rural en la macrozona sur en comparación al año 2021.
¿Por qué importa esto? Por cierto no para celebrar, porque el temor de las personas es real y el deber de la autoridad es adoptar decisiones para mejorar la percepción de inseguridad y trabajar para que los delitos sigan disminuyendo. Importa, fundamentalmente, y ese es el mandato legal del Ministerio de Seguridad Pública, para impulsar políticas públicas y tomar decisiones oportunas en base a evidencia.
Esperamos que esta información que se actualiza trimestralmente y que cualquier persona puede consultar en la página del CEAD, contribuya a tener un debate serio, informado y responsable sobre los desafíos que el país tiene en materia de seguridad pública.