Desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric, tanto el presidente como la ministra vocera Camila Vallejo han reivindicado públicamente el rol de la prensa como pilar de la democracia. En su discurso inaugural, Boric destacó que un gobierno democrático debe “aceptar el escrutinio permanente y rendir cuentas sin temor a la crítica”, subrayando que la libertad de expresión “no se agradece, se garantiza”.

En la misma línea, Vallejo, al asumir su cargo en marzo de 2022, afirmó que el Ejecutivo tenía el deber de “fortalecer el diálogo con los medios y contestar todo lo que atañe a los principios básicos de la democracia”, comprometiéndose a combatir la desinformación con transparencia.

Posteriormente, durante una gira por Europa, insistió en que “las democracias tienen el deber de ver cómo se fortalecen en diálogos amplios”, defendiendo la necesidad de una relación plural y crítica entre el poder político y la prensa. En conjunto, ambas figuras proyectaron la idea de una comunicación pública abierta, dialogante y garante del derecho a la información, ubicando la libertad de prensa como una condición de legitimidad republicana y no como una concesión del gobierno.

Estas declaraciones, este ánimo, esta impronta; no se ha visto ratificada.

El presidente del Gobierno de Chile estuvo 70 días sin aceptar preguntas de la prensa, entre el 18 de octubre y el 26 de diciembre de 2024. Esto ocurrió luego de la conferencia de prensa posterior a la caída del subsecretario Monsalve, acusado de una posible violación. El tiempo sin conceder entrevistas fue aún más largo: seis meses sin entrevistas, desde el 22 de agosto de 2024 al 11 de marzo de 2025, según revisión de CIPER.

En diversas ocasiones, varios periodistas manifestaron su malestar ante lo que describen como una “estrategia de distanciamiento” del mandatario, que evitó responder preguntas durante semanas y restringió los puntos de prensa a declaraciones unilaterales. Estos episodios recientes confirman que el conflicto entre el Ejecutivo y los medios no es un hecho aislado, sino una tensión persistente.

¿Es esto importante?

Sí, profundamente. En las democracias contemporáneas, la estabilidad depende de rutinizar la rendición de cuentas, es decir, de convertirla en un proceso institucional que no dependa de la voluntad del gobernante ni del clima coyuntural, sino en obligaciones periódicas, verificables y sancionables.

Chile posee una tradición relevante: la Cuenta Pública del 1 de junio, en que el Presidente presenta su balance anual ante el Congreso y la ciudadanía. Sin embargo, el país carece de un mecanismo regular de control presidencial ante el Parlamento y de obligaciones comunicacionales normadas que garanticen la transparencia del Ejecutivo y la exposición a la crítica pública.

Lo cierto es que la Cuenta Pública, por sí sola, no basta para sostener un circuito deliberativo continuo durante el año político. Pero el asunto es peor. No nos acercamos a una mejora, más bien es lo contrario. En Chile es habitual que las entrevistas presidenciales o ministeriales sean objeto de negociación previa: se pactan las temáticas permitidas, se excluyen preguntas consideradas “incómodas” y, en muchos casos, se seleccionan los periodistas con criterios de docilidad o afinidad política. Estas prácticas, aunque presentadas como rutinas comunicacionales, constituyen en realidad formas de control del espacio público mediante un mecanismo mediocre que no ayuda a un control crítico real sobre la autoridad.

Cuando las autoridades solo se exponen a preguntas filtradas o a entrevistadores previsibles, el resultado es un simulacro de rendición de cuentas. El intercambio pierde su carácter de fiscalización y se convierte en una puesta en escena estratégica del poder, donde la transparencia se sustituye por el control comunicacional y la espontaneidad del diálogo se reemplaza por guiones calculados.

En lugar de fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes, se profundiza la distancia entre gobernantes y gobernados, y la legitimidad política se vuelve frágil, sostenida más por la administración de la imagen que por la confianza real. La democracia, que se alimenta del conflicto civilizado y del derecho a preguntar, se debilita cuando el poder elige los términos y los interlocutores de su exposición pública.

La retirada táctica

Esta tendencia no ha sido exclusiva de este gobierno. Desde hace más de una década, en Chile se ha consolidado un patrón comunicacional donde el acceso al presidente o a los ministros depende de estrategias de marketing político y no de la función republicana de informar.

La lógica del “cuidado del líder” —preservar su popularidad, evitar riesgos, protegerlo del error o la confrontación— ha desplazado el principio esencial de la democracia: la rendición ante el soberano. Pero el cuidado de los líderes no puede ser a costa de la democracia, porque cuando el poder se blinda para no exponerse al juicio público, lo que se preserva no es la estabilidad, sino la opacidad.

La verdadera fortaleza de un sistema democrático no está en su capacidad para blindar a sus dirigentes, sino en su disposición a exponerlos al escrutinio ciudadano sin temor. La transparencia no debilita el poder, lo legitima. La exposición no destruye la autoridad, la humaniza. Cada pregunta incómoda, cada entrevista tensa, cada respuesta improvisada y sincera, son actos que devuelven al poder su naturaleza política y no meramente técnica. Cuando el ejercicio del mando se encierra en el cálculo comunicacional, se produce una forma sutil de decadencia institucional.

En este gobierno la construcción de los vocerías ha sido inquietante. El ministro Luis Cordero actuó como vocero paralelo del gobierno en diversas crisis que excedían el ámbito de su cartera, asumiendo un papel jurídico-político complementario al de la ministra Camila Vallejo. Durante el caso de los indultos presidenciales (enero 2023), fue el encargado de explicar los fundamentos legales de las decisiones del Ejecutivo; en el caso Convenios (julio-agosto 2023), se convirtió en la principal voz de La Moneda para abordar la dimensión institucional y penal del conflicto, pese a que la crisis afectaba al Ministerio de Vivienda; más tarde, en el caso Audios y en las acusaciones constitucionales a ministros de la Corte Suprema (septiembre 2024), volvió a liderar las declaraciones públicas, articulando la defensa jurídica y la posición política del gobierno; finalmente, tras la salida del subsecretario Monsalve (octubre 2024), también encabezó puntos de prensa sobre la situación del Ministerio del Interior. En todos estos episodios, Cordero se consolidó como una figura de vocería paralela, orientada a contener los efectos legales y comunicacionales de las crisis, lo que evidencia la falta de una estructura formal de vocería multisectorial dentro del Ejecutivo.

Tras ser designada como enlace del Gobierno en la catástrofe de los incendios de Valparaíso en febrero de 2024, la ministra Camila Vallejo enfrentó críticas por un retiro silencioso de esa función. Vallejo dejó el cargo en la segunda semana de abril de 2024, sin comunicarlo oficialmente a las autoridades regionales ni al público, y sin realizar nuevas vocerías sobre la emergencia. Su designación ya había sido cuestionada por carecer de atribuciones directas en gestión de desastres, y su posterior silencio acentuó la percepción de falta de continuidad institucional en la comunicación gubernamental. El episodio expuso nuevamente la debilidad estructural del sistema de vocerías del Ejecutivo, en que las responsabilidades comunicacionales se asumen de manera coyuntural y se abandonan sin mecanismos claros de traspaso o rendición pública.

Diversos medios han señalado que se detectaría una tendencia: que los ministros intentan ignorar temas difíciles pues nadie quiere ser el rostro visible de alguna de las crisis del gobierno. Esta conducta es vergonzosa.

Esta conducta es vergonzosa. No solo porque reduce la política a un ejercicio de autoprotección, sino porque revela una crisis más profunda: la pérdida del sentido republicano del cargo público. Gobernar no es administrar silencios, sino sostener la palabra frente a la ciudadanía. Un gobierno que teme a las preguntas ya ha renunciado a la conversación democrática; un poder que huye de la interpelación ha olvidado que su legitimidad no proviene del control, sino del escrutinio.

Aportes a la política pública para la deliberación

Por eso, la respuesta no puede ser simbólica ni meramente ética: requiere diseño institucional. Las democracias que han logrado estabilidad en el siglo XXI lo han hecho creando mecanismos regulares de rendición de cuentas, donde el poder se somete al interrogatorio ciudadano como un deber, no como una opción.

En el Reino Unido, el Primer Ministro comparece cada semana ante el Parlamento en el Prime Minister’s Questions; debe responder preguntas de la oposición y del propio oficialismo en sesiones televisadas en directo, donde no hay guiones ni asesores que interrumpan. En España, el Congreso realiza sesiones de control al Ejecutivo, con preguntas directas al Presidente y sus ministros. En ambos casos, lo esencial no es la forma —el debate acalorado, la réplica rápida—, sino la rutinización del control político.

El poder, en esas democracias, se expone como parte de su funcionamiento normal, no como un riesgo que debe ser administrado por un comité comunicacional.

Chile podría hacer lo mismo. Bastaría con tres medidas concretas y sostenibles:

1. Sesión de control presidencial trimestral ante el Congreso: un espacio de comparecencia directa del Presidente, donde los jefes de bancada ejercen derecho a réplica y el mandatario responde sin mediaciones. Sería la institucionalización de lo que hoy solo ocurre una vez al año en la Cuenta Pública, pero distribuido a lo largo del ciclo político. Esto daría ritmo y densidad al diálogo democrático, y haría visible la coherencia —o la incoherencia— de la acción de gobierno.

2. Vocería multisectorial obligatoria y exclusiva en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia: estas vocerías son esenciales para evitar que las crisis se transformen en una danza de ministros que se esconden tras comunicados. La vocería no debe depender de la disposición personal ni de la conveniencia política. Debe ser un cargo de responsabilidad institucional, con suplencia inmediata en caso de ausencia y con deber de transparencia ante la prensa.

3. Obligación anual del Presidente de conceder entrevistas a todos los medios que usan espectro público: es decir, las radios y canales de televisión con departamento de prensa y noticiario diario tendrán el derecho a conseguir una entrevista con las más altas autoridades, sin condiciones de negociación. Es una práctica con equivalentes en democracias consolidadas como Canadá, donde el Primer Ministro responde en rotación a medios públicos y privados, o en Alemania, donde los cancilleres conceden entrevistas periódicas a la ARD, ZDF y Deutschlandfunk por mandato de servicio público.

Estas medidas no son inventos locales: son adaptaciones de mecanismos exitosos de transparencia institucional. Se aplican en democracias maduras que comprendieron que la legitimidad no se preserva escondiendo al líder, sino exponiéndolo con reglas. En Chile, además, significarían un cambio cultural: convertir la rendición de cuentas en una práctica previsible, sin dramatismos, donde el poder rinde examen no porque está en crisis, sino porque forma parte de su normalidad republicana.

Con ellas, el silencio dejaría de ser una estrategia política. Y la pregunta —esa herramienta mínima de la democracia— recuperaría su dignidad.

Pero no.

La democracia es demasiado delicada. ¿Y la prensa entonces? Todo por la prensa, pero sin la prensa.