El Congreso analiza una iniciativa que regula un régimen penitenciario de máxima y alta seguridad, estableciendo medidas específicas para personas vinculadas a organizaciones criminales.

Restricciones extremas y vida en aislamiento

El régimen propuesto considera la segregación permanente respecto de la población general con acceso a patio por dos horas diarias y bajo interacción limitada, uso de uniformes, introduce restricciones y suspensiones a las visitas, limita el contacto físico, prohíbe encomiendas y somete a estricto control la correspondencia, salvo en el contacto con abogados.

El proyecto no contiene ninguna referencia explícita a tratados internacionales desplazando el estándar hacia la normativa interna. Esto debilita el control externo de garantías básicas y la protección frente al uso de restricciones excesivas, lo que podría vulnerar obligaciones internacionales asumidas por Chile, como la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo.

El régimen planteado en esta iniciativa legal ya se encuentra en uso en la práctica a través de normas infra reglamentarias, más de 300 personas están bajo esta modalidad con restricciones similares.

Condiciones que rozan la tortura

El Comité de Prevención de la Tortura ha visitado estos recintos y concluye que como país se están generando condiciones equivalentes a tratos crueles, inhumanos o degradantes, las que pueden constituir tortura. El aislamiento prolongado – durante 22 horas diarias y por más de 15 días- implica restricción sensorial, limitación extrema del contacto humano y familiar, patrones que han sido identificados como generadores de daño físico y psíquico.

La revisión cada seis meses incluida en el proyecto para decidir si se mantiene el régimen no mitiga el riesgo de afectación grave a la integridad si no se garantiza una aplicación absolutamente excepcional, proporcional y controlada judicialmente.

Hoy el proyecto incluye cláusulas de secreto, niega el acceso irrestricto a observadores independientes y no establece mecanismos claros de transparencia ni rendición de cuentas.

El país debe decidir si la lucha contra el crimen organizado puede hacerse a cualquier costo, incluso con el silencio y la soledad como herramientas de castigo. Porque en ese límite difuso entre seguridad y dignidad, Chile corre el riesgo de construir cárceles donde la excepción termine pareciéndose demasiado a la regla.