Chile vive una realidad que ya no podemos ignorar, la delincuencia ha dejado de ser un fenómeno urbano para extenderse a los sectores rurales, donde las familias viven con mayor vulnerabilidad, lejos de la protección policial y en muchos lugares además con dificultades de conectividad.

Casos como el quíntuple homicidio ocurrido en una parcela de Lampa, a mediados de julio de 2024, o el de la familia compuesta por el delegado de la Federación del Rodeo Chileno y socio del Club Machalí, Rodrigo González, y su esposa, en su parcela de Graneros en marzo pasado, dan cuenta de que el panorama cambió radicalmente respecto de graves delitos en estas zonas.

Este es precisamente el escenario que quisimos enfrentar en septiembre de 2018 con el entonces diputado y hoy senador DC, Iván Flores, -junto a colegas como Cosme Mellado, Miguel Mellado, Cristóbal Urruticoechea, Camila Flores, Maite Orsini, entre otros-, que amablemente apoyaron con su firma un proyecto de ley que busca agravar la responsabilidad penal de quienes cometan delitos en zonas rurales.

Los casos de Lampa y Graneros son claros ejemplos de lo que ocurre cuando delincuentes armados aprovechan el aislamiento, la lejanía de la fuerza pública y la dificultad de auxilio, lo que deja a las víctimas en mayor indefensión y a merced de antisociales a los que no les importa destruir familias.

Con esta iniciativa buscamos en concreto modificar el Artículo 12 del Código Penal, que contempla las agravantes, y establecer que una de ellas es que el delito se ejecute en “zona rural”.

Durante este año el proyecto de ley se discutió en la comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, en la que participamos en forma permanente junto al diputado -también Republicano-, Benjamín Moreno, escuchando las ideas de nuestros colegas con el afán de mejorarlo. Y esta semana 107 diputados en sala votaron a favor de la moción para que la iniciativa pase a su segundo trámite en el Senado, donde continuará su tramitación en segundo trámite constitucional.

Se trata del primer e importante paso para que la idea se convierta en ley, y representa una acción concreta en defensa de la seguridad y protección de las personas que viven en zonas rurales, ya que se contempla la aplicación de penas más severas a quienes aprovechen el aislamiento geográfico para delinquir.

La nueva agravante reconoce la necesidad de justicia territorial y responde a una demanda largamente planteada por agricultores, trabajadores del campo y familias que, por años, han debido enfrentar solos la creciente violencia.

Esperamos que nuestra iniciativa continúe su tramitación de forma rápida para así enviar una señal clara: Quien cometa delitos en sectores rurales enfrentará un castigo ejemplar, porque el Estado tiene el deber de proteger con la misma fuerza a todos sus ciudadanos.