No olvidemos donde empezó todo: quien mandó a matar al rey de Meiggs fue un “empresario gastronómico” que le debía más de un millón de dólares ¿Cómo se transfirió este dinero? ¿Cuántas alertas levantaron las actividades de este prestamista informal? ¿Adónde iban a parar los 9 millones de pesos en efectivo que el autor intelectual del asesinato pagaba semanalmente a su víctima?
Debemos aprobar el proyecto de ley que actualiza el sistema de inteligencia financiera dándole suficiente presupuesto y facultades a la Unidad de Análisis Financiero para poder determinar de manera precisa y reservada casos como los de esta relación que está completamente al margen de lo que es un vínculo empresarial en un mercado sano.
No olvidemos cómo fue liberado por error hace menos de un mes: una jueza desconocía el verdadero nombre del sicario y mandó distintos oficios a Gendarmería corrigiendo un nombre que resultó ser falso.
Un modelo penitenciario exclusivo para el crimen organizado
¿Por qué seguimos tratando a estos “fantasmas” como si fueran delincuentes del que sabemos su RUT, huella dactilar y hasta su fecha de nacimiento? ¿Por qué el sistema judicial considera importante un nombre que el mismo criminal se inventa? ¿Por qué no hacemos una distinción en estos casos respecto al plazo máximo de detención mientras se recopilan todos sus datos biométricos? ¿A estos sicarios fantasmas les vamos a dar el mismo régimen de visitas y comunicación con el exterior que a un “lanza”?
Urge que contemos con una ley que cree un modelo penitenciario exclusivo para personas condenadas o sospechosas de pertenecer al crimen organizado. Por eso, junto a otros senadores queremos que este régimen especial esté a nivel constitucional que permita a las leyes correspondientes hacer las distinciones necesarias con estos monstruos y el resto del Estado esté obligado a respetar estas diferencias.
Fuerza de tarea internacional
No olvidemos que la captura del sicario fue fruto del trabajo internacional de las policías: el Tren de Aragua en Venezuela, Los Pulpos en Perú y el Primer Comando de la Capital en Brasil, dan cuenta que la amenaza traspasa fronteras.
¿Acaso no es hora de dirigir los esfuerzos latinoamericanos a crear una fuerza de tarea contra el crimen organizado? ¿Qué sacamos con erradicar una banda de nuestras calles si hay -al menos- otras tres mafias del continente esperando llenar ese lugar? ¿No deberíamos sacar una conclusión que sólo gracias a la cooperación internacional supimos que el verdadero nombre del sicario era Alberto Mejía?
Chile aún cuenta con una policía con suficiente respaldo nacional y prestigio internacional como para liderar el esfuerzo de los países latinoamericanos contra esta plaga criminal que acecha, victimiza e instrumentaliza sobre todo a los trabajadores y a los más necesitados.