La democracia se expresa en el trabajo que hacen dirigentas y dirigentes sociales. La democracia no está sólo en las instituciones, el Congreso Nacional o el Palacio de La Moneda, son las y los dirigentes sociales, como dijo el presidente Gabriel Boric, en la celebración del Día de la Dirigencia Social y Comunitaria, realizada en el Palacio de La Moneda.

La democracia no es sólo ejercer un voto; es, sobre todo, una conversación constante, la construcción de un tejido social en cada barrio, sede u organización.

Pero a ese rol, fundamental e irremplazable, debemos brindarle más protección y garantías. En el marco de nuestra agenda de seguridad tenemos que incluir el cómo resguardar el trabajo de nuestras dirigencias sociales. Muchas y muchos de ellos dan una gran batalla para sacar a sus comunidades adelante, para recuperar los espacios públicos de las manos de la droga o el alcohol. Es imperativo devolverlas a los niños, jóvenes y a las familias chilenas. Esta valentía no puede ser, bajo ninguna circunstancia, una sentencia de vulnerabilidad.

Cuando un líder se convierte en blanco de amenazas y agresiones, el miedo se apodera de las comunidades y como resultado: un daño profundo a nuestra democracia. Como ha recordado el presidente Boric, sin dirigentes, el poder se concentra en grupos pequeños. Cuando silenciamos a un dirigente, silenciamos a toda una comunidad.

Por eso, como Gobierno, hemos priorizado la tramitación de la Ley de Protección a Dirigentes Sociales, que se votará este lunes en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Este proyecto -propuesto por moción parlamentaria y respaldado por el Ejecutivo- no es un capricho, sino un compromiso que surge del diagnóstico y la demanda de los propios dirigentes sociales del norte al sur de nuestro país, que nos hicieron el llamado a garantizar una protección institucional a su rol dirigencial.

¿Qué hace esta ley?

Sencillo, pero potente. Incorpora una agravante al Código Penal para quienes agredan, amenacen o cometan homicidio contra un dirigente en represalia por su labor. Subir la pena en un grado envía un mensaje inequívoco a quienes los amedrentan: el Estado actuará con toda su fuerza cuando el ataque sea contra quienes defienden a sus vecinos, fomentan la participación ciudadana y defienden la democracia desde sus comunidades y territorios. Así, si alguien lesiona a un dirigente social, el juez podrá aumentar la pena actual.

Esta ley es un paso esencial, pero es sólo un eslabón de una cadena más larga. La protección de nuestros dirigentes es parte de nuestra agenda de seguridad, que también busca recuperar los espacios públicos con más presencia estatal e inteligencia. Es un reconocimiento de que la democracia somos todos y que, frente a la apatía, el individualismo o el narcotráfico, quienes la sostienen son las y los dirigentes sociales.

La historia nos enseña que el progreso se construye sobre la base de la valentía cívica, no del miedo. La votación en el Congreso es una oportunidad para reconocer, valorar y blindar el rol que cumplen. Es la forma más concreta de defender nuestra democracia y asegurar la voz de las comunidades.

La democracia se fortalece garantizando la protección de quienes, desde sus comunidades, lideran, representan y organizan a sus vecinos. Sin seguridad para los dirigentes sociales, la participación se debilita y la democracia se erosiona.