ARCHIVO | Hans Scott | Agencia UNO

Relevante avance hacia modernización del Sistema Registral y Notarial

20 mayo 2025 | 15:16

Un paso significativo dio el Proyecto de Ley que Modifica el Sistema Registral y Notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, puesto que el Informe de la Comisión Mixta respectiva fue aprobado este lunes por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora solo resta que sea votado por el Senado.

La iniciativa, que ha tenido una larga tramitación y que es anhelada por la ciudadanía, moderniza el sistema notarial y registral, establece mayores estándares de transparencia, aumenta la competencia y mejora los sistemas de fiscalización, de manera de prestar el servicio que la comunidad exige.

Es así, como para eliminar los conflictos de interés que podrían presentarse en los procesos de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros, el proyecto radica en el Servicio Civil las etapas de convocatoria, evaluación y elaboración de la propuesta de candidatos seleccionados.

El Presidente de la República realizará la selección entre los postulantes que ocupen los tres primeros lugares del listado, mediante resolución fundada en el plazo de 20 días hábiles. Es decir, ahora las personas que ejerzan el oficio de notarios, archiveros o conservadores, serán nombradas después de que superen las etapas de un concurso de alta dirección pública, primando el mérito, las capacidades, el conocimiento y la especialización.

Relevante avance hacia modernización del Sistema Registral y Notarial

Asimismo, se introduce una prohibición en el Código Orgánico de Tribunales para que familiares cercanos de determinadas autoridades no puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombrados como notarios, conservadores o archiveros o para que sean considerados interinos o suplentes.

Contiene el articulado normas que otorgan a los fiscales judiciales la supervisión de la conducta funcionaria de los notarios, conservadores o archiveros, radicando la competencia disciplinaria en las Cortes de Apelaciones. Además, se establece un examen de auditores externos que evalúen las condiciones de atención de público, la uniformidad de sus actuaciones y diligencias y balances y estados financieros. Asimismo, el Servicio Nacional del Consumidor deberá velar por la calidad del servicio prestado y la protección a los derechos de los consumidores.

Los notarios, conservadores o archiveros deberán contar con infraestructura y equipamiento tecnológico para la transmisión, comunicación y recepción de documentación digital, ofreciendo acceso remoto y gratuito a sus registros, para la consulta de la información y documentos contenidos en sus registros digitales. 

Además, se les obliga a disponer de una página web que informe, a lo menos, sobre la ubicación, horarios, trámites, requisitos y tarifas, junto con un canal para la recepción de consultas, reclamos y sugerencias.

Transparencia

Para establecer nuevos oficios de notarios, conservadores o archiveros, el proyecto prescribe requisitos técnicos obligatorios (las necesidades económicas de la zona, la calidad del servicio y el acceso de la población a estos oficios) que deberán ser considerados en su creación.

Se refuerza la autoridad del Presidente de la República para organizar los oficios conservatorios. Aparte de dividir territorios, ahora podrá agrupar territorios jurisdiccionales, disponer la apertura de oficios en comunas o sectores determinados y habilitar formas especiales de gestionar registros conservatorios extensos. Se incluyen normas especiales a propósito de la división del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual actualmente se encuentra servido exclusivamente por el oficio conservatorio de Bienes Raíces de Santiago. En el futuro, en este territorio, podrán operar hasta cuatro oficios conservatorios, servidos por un conservador.

Se exige publicidad y transparencia en las tarifas, manteniendo la obligación de divulgar información en las páginas web de cada oficio. Además, se introduce un procedimiento objetivo y técnico para calcular precios máximos, a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía, que considerará criterios económicos y de sostenibilidad para cada categoría de oficios.

El Gobierno valora la disposición del Congreso para concretar los cambios que se han discutido en detalle y tiene la convicción de que ellos permitirán un mejor servicio a la comunidad nacional.